La fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), aseguró que “la Justicia necesita un cambio radical en su formación y en su perspectiva de género”, al tiempo que consideró que el fallo de la Cámara Nacional de Casación que descartó la figura del “odio de género” en el crimen de la líder trans Diana Sacayán “ha golpeado fuertemente a toda la comunidad LGBTI”.
En una entrevista realizada con Télam al cumplirse cinco años del crimen de Sacayán, Labozzetta dijo que recibió el fallo de Casación “con pena, con desconcierto, porque era un caso que había sido consecuencia de un gran trabajo que se hizo desde el Ministerio Público y desde la querella”.
“Desde el principio fue un caso que fue llevado adelante casi idealmente, siguiendo todos los estándares internacionales, algo que no suele ocurrir en general en los casos de violencia de género, muchísimo menos en los casos donde las personas atacadas pertenecen al colectivo LGBTI, que es muchísimo mas vulnerabilizado, perseguido, violentado, excluido, y donde están presentes todas estas violencias”, relató la titular de la UFEM, quien participó en 2018 del juicio en el que fue condenado Gabriel David Marino.
Es que el martes último, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la pena a prisión perpetua para Marino por el homicidio de Sacayán, cometido en octubre de 2015 en el barrio porteño de Flores, aunque le quitó el agravante de “odio a la identidad de género”.
Labozzetta señaló que si bien en los últimos años hubo “avances” en la Justicia “que tuvieron que ver también con las demandas del movimiento feminista”, aún “falta muchísimo por hacer” y que los ejemplos los tienen “a diario, como el caso que trascendió ahora del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8”.
La fiscal hizo referencia a los jueces del TOC 8, Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, que calificaron a los médicos que practicaron el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), aplicado en el caso de una niña de 13 años que había sido violada, como “sicarios” y “asesinos a sueldo”.
“Son casos emblemáticos que nos siguen mostrando que la Justicia necesita un cambio radical en su formación y en su perspectiva de género. La Ley Micaela en eso es una herramienta muy útil que va a rendir frutos con el tiempo”, afirmó la titular de la UFEM.
La fiscal federal explicó que “siempre el sistema de Justicia suele responder de manera muy revictimizante y excluyente” para el colectivo feminista. En ese sentido, recalcó que el caso Sacayán “fue en un punto pionero y emblemático, porque se investigó con perspectiva de género desde el principio”, porque hubo participación de la UFEM desde el principio y de la familia de la víctima y “de las personas que compartían militancia” con ella.
“El resultado de ese proceso fue una sentencia que también fue reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, circuló por todos los países de la región como un ejemplo de un caso llevado adelante con enfoques de género y poniéndole nombre a un crimen que está ahí presente, que se repite y que en general es impune. Por primera vez se asigna en una sentencia y se nombra la palabra travesticidio como un fenómeno sostenido, no es solamente el asesinato de Diana, si no el asesinato de Diana como una expresión de un fenómeno social sostenido y extendido”, aseguró Labozzetta.
Por este motivo, la titular de la UFEM entiende que al revertirse “la calificación como crimen de odio”, que “era una de las batallas principales que tenía el caso, este reconocimiento quedó desarmado, quedó trunco, y por eso es un fallo que ha golpeado tan fuertemente a toda la comunidad LGBTI”.
“Todas esas conquistas, todos esos reconocimientos, todos esos avances que habíamos tenido en el caso lo recibieron como un retroceso y con un golpe, con muchísimo dolor”, esgrimió la fiscal federal, y sostuvo que por ese motivo “el Ministerio Público decidió interponer un recurso extraordinario (ante la Corte Suprema de Justicia) contra esta sentencia”.
El caso Sacayán
Sacayán, quien tenía 39 años, había nacido en Tucumán y era una activa militante por los derechos sexuales, fue asesinada entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de octubre de 2015 en el interior de un departamento de la avenida Rivadavia al 6700, en el barrio de Flores, y su cuerpo fue hallado dos días después amordazado y atado de pies y manos.
La autopsia reveló que la víctima presentaba 27 lesiones en su cuerpo, 13 de ellas producidas por un cuchillo de una hoja de 20 centímetros que fue secuestrado en la escena del crimen.