La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación desarrolló un conjunto de medidas tendientes a colaborar con los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad y elaboró un protocolo de actuación que facilita la notificación y la toma de testimonios en el marco de la pandemia de coronavirus.
Las medidas fueron elaboradas durante el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), sostuvo la Secretaría en un comunicado y manifestó que también se aportaron evaluaciones de “situación e informes de condiciones de exposición y vulnerabilidad de testigos para los juicios orales en trámite”.
El protocolo, realizado por la Dirección de Asistencia a Testigos Víctimas de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos, busca “asegurar los derechos de los testigos víctimas al momento de su citación en cualquiera de las instancias procesales”.
En el contexto de la emergencia sanitaria, el protocolo de actuación establece que los tribunales deben suministrar el listado de los testigos víctimas para notificarlos de las audiencias con anticipación.
En tanto que la Dirección de Asistencia a Testigos Víctimas deberá contactarlos por teléfono para ponerlos en conocimiento de la citación y asesorarlos sobre derechos y obligaciones. Después, se realiza un informe con sugerencias para tomar testimonios en forma remota o presencial, por lo que la Dirección debe atender las necesidades y condiciones de cada testigo víctima, como su pertenencia a grupos de riesgo, “y el sentido singular de reparación que implica el testimonio en el marco del debate oral”.
“Una vez conformada la lista de deponentes, y en atención a las situaciones individuales de cada testigo víctima, se notifica formalmente a cada uno mediante un acta remitida por medio electrónico, WhatsApp u otro medio”, sostuvo el informe de prensa sobre el protocolo.
Asimismo, afirmó que si el testigo víctima lo requiere, se le brindará apoyo técnico mediante los recursos digitales y sostuvo que “excepcionalmente, se hace de modo presencial, siempre que se garanticen las condiciones sanitarias básicas y obligatorias dictadas por la autoridad competente de cada jurisdicción”. La Secretaría informó que en el mismo período se elaboraron 1.532 evaluaciones de situación de víctimas testigos y fueron contactadas 4.000 personas.