El Gobierno bonaerense, representantes del Poder Judicial y referentes de organizaciones de derechos humanos acordaron que a partir del 14 de noviembre serán habilitadas las visitas presenciales de familiares de detenidos, luego de una jornada de protestas protagonizada por presos alojados en los penales bonaerenses de Florencio Varela, Melchor Romero, Campana y San Martín. Intervinieron en el Complejo de La Capilla el fiscal Christian Granados, el ayudante fiscal, Sebastián Prato que siguieron en cada una de las unidades las incidencias de lo acontendido en la víspera.
Según informó en un comunicado el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), la habilitación de las visitas a las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, suspendidas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) impuesto para mitigar la pandemia de coronavirus, se dará en el marco de un “estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad sanitaria para la preservación de la salud pública”.
La protesta de los presos en las cárceles bonaerenses de Melchor Romero, Florencio Varela, Campana y San Martín, que incluyó el ascenso de los internos a los techos los penales e incidentes, se inició en demanda del restablecimiento de las visitas familiares presenciales. Los encuentros habían sido suspendidos luego de un acuerdo voluntario entre autoridades e internos el pasado 12 de marzo.
En este sentido, fuentes del sector indicaron que desde el inicio del aislamiento “los detenidos fueron habilitados a utilizar teléfonos celulares para comunicarse y mantener video llamadas con el fin de no cortar el vínculo con sus familiares”.
Desde la provincia confirmaron que en las cárceles de Melchor Romero, Florencio Varela y Campana la situación era más tranquila y que el epicentro del reclamo quedó circunscripto a las Unidades 46 y 48 de San Martín. En San Martín hubo un enfermero, tres mujeres y cinco hombres celadores de rehenes que ya fueron liberados, dijeron las fuentes.
Finalmente, ayer en horas de la tarde se conformaron mesas de diálogo en esos penales bonaerenses, de las cuales participaron autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, representantes del Poder Judicial, organizaciones de derechos humanos y representantes de los presos. En el de La Capilla estuvo el juez de Garantías, Adrián Marcelo Villagra.
Posteriormente, se firmó un acta de acuerdo en el cual se dispuso que, a partir del sábado 14 de noviembre próximo, serán habilitadas las visitas en las unidades penitenciarias bonaerenses, de acuerdo a lo comunicado por el SPB.
Asimismo, se informó que los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y de Salud provinciales, a cargo de Julio Alak y Daniel Gollan, respectivamente, junto al SPB “comenzaron a elaborar un protocolo de bioseguridad adaptado al contexto de encierro para enfrentar los requerimientos preventivos de la pandemia a partir de la reanudación de visitas”.
Por su parte, como consecuencias del reclamo, que derivó en algunos incidentes, tanto en los penales de Florencio Varela como en San Martín concurrió un juez de garantías y un defensor público, añadieron las fuentes. En tanto, los voceros aclararon que, desde los hechos violentos ocurridos en abril último en la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, donde un interno falleció por disparos de postas de plomo, este armamento fue prohibido para ser utilizado por los penitenciarios.
Asimismo, fuentes de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia precisaron que “una delegación de este organismo se dirigió a los penales para tratar de dialogar con los detenidos”. En el mismo sentido se presentó en las unidades un equipo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), encabezados por la doctora Carla Ocampo Pilla.
Según un vocero del organismo provincial, “desde el Servicio Penitenciario bonaerense se evaluaba restablecer la presencialidad de las visitas a los penales” y, ante esta posibilidad, los internos visibilizaron su reclamo. Al respecto, el vocero de SPB aclaró que “el restablecimiento de las visitas familiares presenciales implica una articulación coordinada de varios ministerios y municipios para la puesta en marcha de los protocolos, algo que no se puede implementar de un día para otro”.
En principio, las visitas serían desde las próximas semanas como prueba piloto con protocolos y cupos. Sin embargo, cuando ese diálogo estaba avanzando comenzaron a pedir la morigeración de las penas, por lo que hubo un compromiso de trasladar ese reclamo a los juzgados correspondientes.