Unas 19 personas fueron detenidas ayer, acusadas de integrar una banda que estafaba vía telefónica y con el penal cordobés de Bouwer como centro de operaciones, accediendo a las cuentas de beneficiarios que habían cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en una maniobra en la que recaudaron alrededor de 18 millones de pesos por mes.
Fuentes judiciales informaron a Télam que las detenciones de 14 hombres y 5 mujeres fueron realizadas tras 44 allanamientos solicitados por el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien encabezó una investigación de seis meses que recopiló 70 hechos cometidos por esta organización e incluyó el análisis de 6.000 llamados mensuales que realizaba la banda.
En la detallada investigación –a la que tuvo acceso Télam- se describió que la banda estaba conformada por nueve personas que operaban dentro de la cárcel cordobesa de Bouwer, quienes realizaban los llamados extorsivos, y otros diez cómplices fuera del penal que se encargaban de realizar la logística de cobro.
Se calcula que la banda delictiva comenzó a operar desde el 26 de marzo de este año, luego de decretarse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Gobierno Nacional para mitigar la propagación del coronavirus.
El modus operandi de estos delincuentes se basaba en realizar llamados a personas que eran beneficiarios del IFE haciéndose pasar por empleados de Anses y/o de empresas multinacionales.
Una vez que lograban obtener la atención de la víctima, la hacían dirigirse a un cajero automático y les solicitaban que modificaran las claves personales y que se las comunicaran para de esta manera vaciar las cuentas bancarias y solicitarles préstamos personales.
“Un valor promedio de estafa cercano a los 50.000 pesos (teniendo en cuenta que hay hechos que van desde los 3.500 hasta los 600.000 pesos aproximadamente) nos muestra valores estimados de 1.500.000 pesos mensuales de recaudación por operador y con mínimos costos”, describieron los investigadores en uno de los escritos del expediente.
Tras la denuncia de 70 damnificados en la zona norte del conurbano, más precisamente en las localidades de San Isidro, San Fernando, Pilar y Tigre, el fiscal general de San Isidro, John Broyad, ordenó comenzar con la investigación y puso al frente de ella a su adjunto, el fiscal Ferrari. “Si bien la investigación se centró en casos ocurridos en la zona norte del conurbano bonaerense, la banda operaba a lo largo y ancho del país”, dijo a Télam una fuente vinculada a la pesquisa.
“La mayoría de las denuncias aquí acumuladas, exhiben víctimas humildes, mujeres y hombres de trabajo que viven al día. Personas mayores e inexpertas en el manejo de nuevas tecnologías, con cuentas bancarias que utilizan para cobrar los sueldos o jubilaciones que escasamente les alcanza para vivir, y, es en ese contexto que fueron tentados por la posibilidad de un subsidio, asignación, IFE, gratificación o premio semejante, convirtiéndose en presa fácil para los miembros del clan criminal investigado”, detalló la investigación.
Una vez finalizada la investigación, tras cuatro meses de cruzamientos de llamados e información, el juez de Garantías 7 de Pilar, Water Seattone, avaló el pedido del fiscal Ferrari para realizar 44 allanamientos en las celdas de la cárcel de Bouwer y en los domicilios particulares de los acusados.
Los procedimientos fueron llevadas a cabo por funcionarios de la Fiscalía General de San Isidro y efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de ese distrito de la policía bonaerense que, encabezados por el fiscal Ferrari, viajaron a Córdoba.
Esos allanamientos se realizaron en los penales cordobeses de Bouwer y Cruz del Eje; 37 domicilios de la ciudad de Córdoba Capital; en las localidades cordobesas de Villa Allende, Saldan y Oliva, y en la localidades bonaerenses de Trujui, partido de Moreno, y en la ciudad de La Plata.
Además de los nueve detenidos en el penal cordobés, se apresaron a diez imputados que realizaban la logística para los cobros y se está investigando la participación de al menos 30 personas más, que se cree que actuaron de “bancarios”, es decir, prestaron su nombre para realizar las transferencias con el dinero robado.
La estructura de la organización estaba dividida en tres celdas lideradas por los delincuentes identificados como Braian Nahuel Lencinas (24), alias “Goyi”; Edgardo Daniel Martínez (26), alias “Chongui); Walter Ezequiel Pereyra (21) y Matías Rodolfo Mercado (23).
Estos cuatros jóvenes actuaban como organizadores y también efectuaban las llamadas extorsivas junto a otros nueve cómplices identificados como Ulises Spallina (21), Leonardo Enrique Guzmán (31), Lucas Martín Gagliardo (20), Daniel Guzmán (41), Adrián Andrés Abrego (37), Daniel Orlando Mercado (38), Darío Franco Herrera (35) y dos hombres más cuyos nombres de pila son Juan Manuel y Martín. Según se estableció en la investigación, ocho personas fueron identificadas como colaboradores en la logística de los cobros y se comprobó que eran familiares y parejas de los cabecillas de la banda.
Por último, las fuentes señalaron que a todos los acusados se les inmovilizaron las cuentas bancarias y se secuestraron los celulares de los responsables, quienes quedaron imputados por el delito de “asociación ilícita y estafas reiteradas”.