Después del fallo que generó gran conmoción, murió ayer el paciente en grave estado, a causa del coronavirus, al que un juez le había autorizado el uso de dióxido de cloro. El tratamiento alternativo había sido solicitado ante la Justicia Federal por los hijos y el médico de Oscar García Rúa. El 7 de enero, un día después de que su madre muriese por coronavirus, José María Lorenzo solicitó a la Justicia que su padrastro Oscar García Rúa recibiera “en carácter urgente” la administración de nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y de dióxido de cloro intravenoso, terapias recetadas por el neurocirujano del paciente, Dante Converti.
El profesional que había prescripto el tratamiento alternativo con dióxido de cloro habría marcado en su diagnóstico que el paciente tenía “compromiso pulmonar severo, y que recibió tratamiento convencional con oxígeno, pese a lo cual la saturación de hemoglobina continuaba por debajo de los valores normales” e indispensables para la normal respiración de una persona.
En ese contexto, el médico solicitó tratamiento con ibuprofenato de sodio, a través de nebulizaciones y dióxido de cloro (CDS), por vía endovenosa, siguiendo los protocolos específicos por el cuadro de situación para un paciente considerado “en muy grave estado”.
En su fallo, el juez consideró que “la cobertura de los tratamientos indicados no ocasionarían un grave perjuicio” para el sanatorio, pero sí señaló que de este modo se evitaba, en cambio, “el agravamiento de las condiciones de vida” del paciente.
El magistrado había dictaminado que el hospital en cuestión debía “garantizar la implementación de los tratamientos prescriptos por su médico tratante”. Sin embargo, el Sanatorio Otamendi y Miroli S.A apelaron el fallo del juez Pico Terrero.
Por su parte, el presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped y asesor del Ministerio de Salud, Ignacio Maglio, calificó hoy de “mala praxis judicial” al fallo de un juez que hizo lugar a una cautelar que obliga al Sanatorio Otamendi y Miroli a administrar el uso del ibuprofenato de sodio a través de nebulizaciones y de dióxido de cloro mediante vía intravenosa a un paciente en estado grave de coronavirus, prescripto por un médico particular.
Con fecha 7 de enero, un fallo del juez federal Javier Pico Terrero admitió como válida la medida cautelar presentada contra el sanatorio Otamendi y Miroli S.A. con la que se define que se “administre el uso del ibuprofenato de sodio, a través de nebulizaciones y de dióxido de cloro mediante vía intravenosa” a un paciente en grave estado de salud que “no había respondido a los tratamientos convencionales con oxígeno”.
Se trató de un fallo sin precedente en el país. El uso de dióxido de cloro fue rechazado por las autoridades de la Anmat y autoridades gubernamentales.