En un emotivo acto, a 27 años de la Masacre de Wilde, fue descubierto ayer un cartel de señalización del lugar en donde ocurrió ese hecho en el que fueron asesinados cuatros hombre, y por el que deben ser juzgados 8 ex policías bonaerenses. La ceremonia fue encabezada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y estuvieron presentes familiares de dos de las víctimas.
El acto se desarrolló en la esquina de las avenidas Franco y Mitre, en Wilde, partido de Avellaneda, donde ocurrió la Masacre, el 10 de enero de 1994. También participaron de la ceremonia el intendente de Avellaneda, Alejo Chornobroff, Matias Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Mariano Przybylski, Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Raquel Gazzanego, viuda de Edgardo Cicutín, Patricia De Ángelis, viuda de Norberto Corbo, y Ciro Annichiarico, abogado de la familia Gazzanego.
En la Masacre de Wilde, un grupo de policías de la ex Brigada de Investigaciones de Avellaneda mató a Edgardo Cicutín, librero, que se movilizaba junto a un compañero de trabajo en un Dodge 1500, y a Edgardo Corbo, Claudio Mendoza y Héctor Bielsa que iban en un Peugeot 405. Los policías nunca pudieron explicar su accionar. La causa se reactivó hace 7 años y hace 5 que se espera que el Tribunal Oral en Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora realice la audiencia preliminar al juicio oral.
En el inicio, se descubrió el cartel de señalización de la Masacre, con la foto de dos de las víctimas: Edgardo Cicutín y Norberto Corbo. “Estamos acompañando a los familiares en el reclamo de justicia y esperamos que en el próximo aniversario ya se haya hecho la audiencia preliminar al juicio que está pendiente”, expresó el intendente de Avellaneda.
“Nos hemos dado la estrategia a nivel municipal y capacitamos a miles de jóvenes para que conozcan sus derechos y obligaciones. Esta articulación entre Derechos Humanos y Seguridad creemos que permite prevenir masacres como estas”, agregó Chornobroff.
Por su parte, Matías Moreno, sostuvo que “la demanda permanente de familiares y organismos de derechos humanos han logrado que en muchos casos impunes haya memoria, verdad y justicia”, y llamó a “escribir entre todos un Nunca Más a la violencia institucional”.
Uno de los momentos más emotivos fue el que generaron las palabras de Raquel Gazzanego, viuda del librero asesinado, Edgardo Cicutín, recordó que la Brigada de Investigaciones de Lanús funcionó durante la última dictadura cívico-militar como un centro
clandestino de detención.
“La Masacre de Wide fue un crimen de lesa humanidad, y si la causa hoy está abierta es por jueces como Silvia González y Gabriel Vitale. González tuvo el coraje de detener a los policías que participaron de este hecho, y Vitale fue quien reactivó el expediente y logró la detención del prófugo Marcos Rodríguez”, detalló
Gazzanego denunció que “la connivencia judicial, policial y política para que haya impunidad se mantiene intacta”. Y subrayó que los policías “salieron de la Brigada sabiendo qué iban a hacer”. En tanto, expresó que a Edgardo Cicutín le quitaron la posibilidad de “criar a sus hijos y disfrutar de sus nietos, por eso pedimos justa justicia y cárcel a los culpables de la Masacre de Wlde”. Patricia De Ángelis agradeció a los jueces Vitale y González, y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por el apoyo en el reclamo de justicia.
A su turno, Claudio Díaz, único sobreviviente de la Masacre, recordó que en todo el proceso solo una vez lo llamaron a declarar. “Perdí la confianza y la creencia en todo. Les pido que me ayuden a creer que hay justicia”, pidió.
Ciro Annichiarico, abogado de Raquel Gazzanego, destacó la lucha de los familiares de las víctimas de la causa y el fallo de la Suprema Corte que habilitó la reactivación del caso. “La negación de justicia es una nueva violación a los derechos humanos”, advirtió. Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Piettragalla, destacó que con la señalización “los vecinos de Avellaneda verán que la Masacre de Wilde tiene caras”, y recordó su enojo al enterarse que la causa aún no había llegado a juicio.
“Un caso que queda impune, es un potencial nuevo caso de violencia institucional. Esta es un problemática a la que hay que ponerle el cuerpo, visibilizar e interpelar”, planteó Pietragalla.
En tanto, el funcionario reveló que la Secretaría de Derechos Humanos recibió días atrás una carta documento de abogados de los ex policías imputados para que no se realizara la señalización de la Masacre. “Obviamente, no hicimos caso al planteo y aquí estamos porque queremos que se haga justicia”, afirmó.
Finalmente, llamó a no perder la esperanza. “Los hijos de desaparecidos tuvimos que esperar más de 30 años para tener justicia, y la Madres y Abuelas nos marcaron el camino de lucha”, destacó Pietragalla.
Fuente: Diario Conurbano