El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) se sumó a los reclamos contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por los diversos problemas y dificultades que padecen los profesionales hace casi un año. Denuncian “parálisis operativa”.
La nota enviada a Fernanda Raverta, titular del organismo, remarcó las diferentes problemáticas y destacó que los operadores que responden a la atención virtual no se identifican, por lo cual, en numerosos casos ejercen la facultad de “cerrar” el trámite de manera discrecional y arbitraria, sin dar mayores precisiones. Además, no tienen un plazo máximo para responder, demorando en muchos casos la respuesta semanas o meses, según advirtió el CPACF.
El Colegio también reclamó que la plataforma de atención virtual no permite la recepción de una simple nota institucional ni el trámite recursivo de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, ya sea por temas de fondo o ante el cierre arbitrario de la atención. Cuestionó, asimismo, que en casos en la que la jubilación requiere la utilización de moratoria, tampoco “fija la fecha de adquisición retroactiva al día en que se presentó la atención virtual, sino a la fecha en que se envía el plan de la AFIP, el cual demora meses en la mayor parte de los casos”, lo que genera que el beneficiario pierda meses de retroactividad.
La entidad presidida por Eduardo Awad advirtió que tampoco existen “criterios uniformes” en el tratamiento de las diferentes solicitudes. “Es decir, el inicio o no de una tramitación depende de la voluntad del operador y de la UDAI de la que se trate”, alegó el CPACF.
Para el CPACF, la situación actual “exhibe una gravedad inusitada atento el estado de indefensión de miles de personas mayores o con distintas capacidades las que, ya de por sí, requieren de mayores cuidados por parte de esa Administración”.
A casi un año del inicio de la pandemia por coronavirus, el Colegio destacó que no se pueden presentar de manera virtual ciertos trámites y que los iniciados a través de un abogado apoderado requieren primero la acreditación del poder. Desde la entidad también resaltaron que esta última gestión “aún requiere participación presencial y no logra concluirse en tiempo y forma, demorando incluso meses”.
“Mención aparte merece el hecho de que el organismo, en muchos de esos casos, se comunica con los clientes de los matriculados para manifestarles que el trámite lo pueden efectuar de manera directa, indicándoles que no deben abonar los honorarios profesionales del abogado”, indica la nota. Para el CPACF, la situación actual “exhibe una gravedad inusitada atento el estado de indefensión de miles de personas mayores o con distintas capacidades las que, ya de por sí, requieren de mayores cuidados por parte de esa Administración”. Este reclamo se suma a las quejas elevadas al organismo previsional por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) por los diversos inconvenientes que afectan seriamente a los letrados de todo el país y que no encuentran solución.