Tras la publicación en el Boletín Oficial de una nueva prórroga al Decreto Nº 260/20 que establece la extensión de la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2021, la Federación Argentina de Colegios de Abogados manifestó su preocupación por la realidad de los profesionales del derecho, que siguen sin ser considerados trabajadores esenciales en el marco de la pandemia.
“Durante el período de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (A.S.P.O.) el Ejecutivo nacional interpretó adecuadamente que el personal de los servicios de justicia de turno debía estar exceptuado de la prohibición de circular; pero los abogados nunca fueron considerados ‘personal esencial’, ni los estudios jurídicos, y por lo tanto fueron objeto de sendas restricciones y el impacto en su situación económica fue catastrófico”, apuntaron desde la entidad que nuclea a la abogacía organizada del país.
En ese sentido, advirtieron que si bien la etapa posterior al A.S.P.O, llamada Di.S.P.O. (Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio) permitió cierta flexibilización de la actividad profesional, la prórroga de la emergencia sanitaria, y algunas de las modificaciones incorporadas al texto del decreto 167/2021, vuelven a abrir un interrogante sobre el futuro inmediato de miles de abogados y abogadas en todo el territorio nacional.
“El Poder Ejecutivo tomó nota de que la denominada ‘tercera ola’ del coronavirus ha dividido al mundo en ‘zonas afectadas’ y ‘zonas afectadas de mayor riesgo’, donde las cepas más virulentas de la enfermedad tienen circulación comunitaria. Sería cuestión de tiempo para que esta situación impacte en Argentina y las restricciones vuelvan a paralizar la actividad económica y poner en jaque, ya con un golpe de muerte, a la abogacía”, redondearon.
Finalmente, instaron a las autoridades nacionales a revisar la reglamentación vigente a fin de que los profesionales del derecho sean formalmente calificados como “trabajadores esenciales” y no sean objeto no sean objeto de nuevas restricciones ambulatorias que afecten su ejercicio profesional y con ello se impida el derecho de las personas a acceder al servicio de justicia, derecho humano garantizado por la Constitución Nacional y tratados internacionales de igual jerarquía. “No hay servicio de Justicia sin abogados”, sintetizaron.