La Red de Jueces Penales Bonaerense expresó su preocupación por lo que definieron como tergiversaciones a la resolución de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata que liberó al “motochorro” al que detuvieron por un homicidio en Ramos Mejía. En un comunicado señalaron que comunicadores y políticos pretenden culpar a los jueces con imputaciones aberrantes.
“Deberían saber que en todo el mundo un condenado puede volver a delinquir, porque en la Argentina, como en todos los países, las leyes, que no las dictan los jueces sino el poder legislativo, no solo autorizan, sino que obligan a los jueces a disponer libertades o prisiones domiciliarias, tanto durante el proceso como cuando hay sentencia firme”, señalaron.
En el comunicado mencionaron que en los casos de darse los requisitos legales al Juez le corresponden conceder -según el caso- la libertad por falta de mérito, excarcelación, morigeración, libertad condicional, libertad asistida, salida transitoria, prisión domiciliario a enfermos, madres, valetudinarios o mayores de 70 como marca las leyes vigentes.
“En todos esos casos, si los requisitos legales se dan, al juez le corresponde concederlas aunque nunca ningún sistema de vigilancia posterior impida la comisión de un nuevo delito. Sin embargo, en el caso de los colegas agraviados, hacía cinco meses que se había ordenado la detención sin que las fuerzas de seguridad, que no dependen del poder judicial, ubicaran y detuvieran al imputado”, agregaron.
La Red de Jueces dijo compartir el dolor y las preocupaciones, pero remarcó que el aumento del delito y de la inseguridad no se solucionan tergiversando el recto sentido y los fundamentos de las resoluciones judiciales desde el poder político o desde algunos medios, sin embargo así se viene haciendo y el problema, lejos de solucionarse, se agrava agraviando a jueces honestos, de carrera y que aplican la Constitución y las leyes.
“Por el contrario, tanto como la justicia, la educación, la policía y las instituciones penitenciarias son algunas de las cosas que deben mejorarse, como que los gobernantes den el ejemplo con el acabado cumplimiento de las leyes y el respeto a los otros poderes de la República”, concluyeron.
Agravios a jueces penales
En un segundo comunicado y con la firma de Mario Daniel Caputo y Pedro Rodríguez -presidente y secretario respectivamente- la Red resaltó que la resolución del tribunal cumplió con los principios constitucionales de motivación y publicidad, toda vez que el texto completo del dispositivo puede ser consultado en las páginas oficinales y, de hecho, ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación y las redes sociales.
“En una sociedad libre, democrática y respetuosa del pluralismo la decisión judicial y sus fundamentos quedan expuestos a la crítica social, como sucede en forma análoga con todas las expresiones de las funciones públicas, desde los 3 actos y decretos del Poder Ejecutivo, hasta las leyes del Congreso de la Nación. Pero el derecho a la crítica de las sentencias de los órganos del Poder Judicial no implica legitimar el uso de agravios y expresiones infamantes hacia las personas de los jueces, tal como ha sucedido –con gran vehemencia– con el juez Marcelo Alfredo Riquert, cuya impecable foja de servicio, de más de tres décadas, tanto en el Poder Judicial de la Nación, como en el de la Provincia de Buenos Aires, así como su sobresaliente trayectoria académica, son muestra cabal e inequívoca de su idoneidad y probidad en el ejercicio de la magistratura. Y lo propio cabe decir respecto del juez Esteban Ignacio Viñas, de destacadísimo desempeño en los ámbitos judicial, profesional y académico, aun cuando sesgadamente los ataques se han focalizado en el Dr. Riquert, cual si se tratase de un decisorio unipersonal”, indicaron.
“Compartimos el sentido dolor de las víctimas y el clamor social frente al aumento de los delitos violentos y la inseguridad, pero estos problemas que acucian a nuestra sociedad, desde hace tiempo, no se resuelven con medidas espasmódicas, sino dentro de la racionalidad que debe imperar en el ejercicio del poder punitivo del estado de derecho. En consecuencia, ni la tergiversación del recto sentido y los fundamentos de la resolución judicial aludida, ni, mucho menos todavía, los improperios vertidos a los jueces penales marplatenses contribuyen a mejorar el servicio de justicia que la sociedad bonaerense demanda del Poder Judicial”, agregaron.