Días atrás el Programa “Cuestiones de Estado” organizó una jornada de reflexión sobre la normalización de la Facultad de Derecho y de la UBA. Participaron Alicia Camilloni (Secretaria Académica UBA 1986-2002), Jorge Saenz (Decano 1986-1990) y Mónica Pinto (Decana 2010-2018). Moderaron la actividad Gonzalo Alvarez (profesor de la Facultad) y Carlos Mas Velez (coordinador del Programa “Cuestiones de Estado”).
“La normalización fue un acontecimiento muy importante. Fue básicamente restablecer la autonomía de la universidad, el cogobierno y el gobierno de los claustros. Fue una de las primeras iniciativas del presidente Alfonsín y estaba dentro de su programa de gobierno”, introdujo Gonzalo Alvarez y explicó que “la normalización de las universidades argentinas fue dispuesta por el decreto 154 de los primeros días de gobierno y para tener una idea de la magnitud de esa decisión: es un decreto incluso anterior al 158 que es el que ordenó el juzgamiento de las juntas militares y del 187 que es el que conformó la CONADEP”.
A su turno, Alicia Camilloni expresó: “No puedo dejar de recordar que fueron años difíciles porque acompañaron las vicisitudes que el gobierno nacional tuvo que afrontar en su propio proceso de normalización de la República. La universidad no podía permanecer, y de hecho no permaneció, ajena a esas vicisitudes”. Y recordó que “la recuperación de la democracia representó un acontecimiento de enorme importancia para la universidad. Cuando a finales de 1983 se restablecieron la ley Avellaneda y los estatutos universitarios se inició un proceso que tenía el propósito de dar nueva vida a las instituciones y al sistema universitario”.
En este marco, señaló: “Enfrentamos la necesidad de repensar y reorganizar totalmente la universidad. Durante un prolongado período anterior en el que la universidad había sufrido sucesivas intervenciones y procesos de contrarreformas, algunas áreas habían logrado mantener un trabajo parcializado de buena calidad, áreas en donde no siempre la docencia, aunque sí la investigación, habían proseguido con fuerza e impulsos vitales”. Y aseveró que “eran numerosos los sectores en los que docencia, investigación y extensión habían sido totalmente destruidos como resultado de persecuciones y exclusiones de docentes y estudiantes”. En este sentido, puntualizó: “Nuestra tarea en ese campo de reconstrucción requería, por tanto, definir políticas y estrategias de trabajo. Contábamos con un instrumento fundamental: el estatuto universitario. Su plena vigencia exigía la definición de políticas que restituyeran el sentido y los valores que la nueva universidad de la democracia recuperada debía encarnar”.
Por su parte, Jorge Saenz manifestó: “Es una evocación muy justa y muy necesaria esta del proceso de normalización de la Universidad de Buenos Aires. En primer lugar, porque fue una época donde todos los que queríamos a la Universidad de Buenos Aires, con distintos enfoques, con distintas opiniones, hicimos algo semejante a lo que el grupo que había construido la universidad entre 1956 y 1966 había hecho”.
En esta línea argumental, compartió: “Nos depusimos de toda pertenencia partidaria, toda pertenencia política, toda preferencia de otra naturaleza para juntarnos como un grupo que lo único que le interesaba era rescatar a la Universidad de Buenos Aires de esa noche que había ocurrido desde 1966 hasta ese momento y tratar de construir una universidad que estuviera de acuerdo con las necesidades que el país requería y que estuviera, además, en línea con las mejores universidades del mundo. Esta era, nada más y nada menos, que nuestra pretensión”.
Asimismo, sostuvo que “los ideales de la reforma de autonomía universitaria, de cogobierno, de acceso a la docencia mediante concursos de antecedentes y oposición, fundamentalmente, fueron no solo la teoría que apoyaba nuestra práctica, sino que también significó que varios de los protagonistas de esa empresa y mucha gente también apoyaran y compartieran estas líneas”. Y reflexionó: “Hoy podemos decir que la historia continúa en la universidad, han habido cambios y reformas pero fundamentalmente tenemos una continuidad de 35 o 37 años y esa continuidad es un valor muy importante que tenemos que rescatar, más allá de las diferencias que hayamos tenido”.
Por último, Mónica Pinto indicó que “es cierto que la universidad pública en Argentina siempre fue un actor importante y esa importancia creció a partir de la Reforma del 1918 y de las formas de gobierno que se fueron dando para la universidad porque básicamente eso permitió la entrada en la universidad pública de las mujeres y los hombres que la ley de educación común, la 1420, había producido”.
En cuanto a la normalización, especificó que “supone el restablecimiento de las características propias de la universidad pública, en este caso de la Universidad de Buenos Aires y, por ende, de nuestra Facultad de Derecho, a raíz de la actuación que había tenido el proceso de reorganización nacional que convengamos había encontrado una universidad devastada desde la Noche de los Bastones Largos que expulsó de las aulas al genuino progresismo de la época”.
Por otro lado, expuso que “la normalización significó la recuperación de la ciudadanía política universitaria para profesores, graduados y estudiantes; la posibilidad de elegir y ser elegidos; la posibilidad de tener incidencia en lo que enseñamos, cómo lo enseñamos y quiénes lo enseñan. La recuperación supuso un sistema de concursos que hasta el día de hoy tenemos que no está exento de litigio (…), pero ciertamente significó un control de calidad sobre quiénes están al frente del aula”.
Hacia el final, compartió: “La universidad democrática adquirió un formato distinto; esa nueva universidad se transformó en un actor privilegiado, político y social de envergadura. La Facultad compartió con el país a los hombres que se hicieron cargo de la rendición de cuentas con el pasado (…). Y esto fue importante porque marcó desde el inicio de la recuperación de la democracia un compromiso que la Facultad tiene y que debe mantener y sobre el cual machaca a sus estudiantes y es que el compromiso que la Facultad pide a quienes en ella enseñan y a quienes en ella aprenden es un compromiso con la democracia”.