El secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Lerner, afirmó que “en nuestro país, un 10% de los chicos de 5 a 15 años desarrollan al menos una actividad laboral y en el área rural ese porcentaje se incrementa sustancialmente llegando a casi un 20%”.
En tanto en las adolescencias, la explotación laboral “se agudiza: 3 cada 10 chicos y chicas desarrollan actividades productivas y cuando miramos en las zonas agropecuarias esto nos lleva a 4 cada 10 niños. Es decir, casi el 44 por ciento de los chicos adolescentes que están en medios rurales desarrollan actividades productivas”, indicó Lerner.
Estos datos fueron presentados por el responsable de la Senaf durante el Encuentro Nacional de Sensibilización para la Erradicación del Trabajo Infantil, realizado de manera virtual y organizado por esa secretaría del Ministerio de Desarrollo Social y las de Articulación de Política Social y la de Abordaje integral de la misma cartera y el Ministerio de Trabajo, a través de la subsecretaría de Políticas de Inclusión en el mundo laboral.
En cuanto a la intensidad de la jornada que desarrollan los chicos y chicas, Lerner distinguió que “tampoco acá es homogéneo”.
A modo de ejemplo, dijo que “mientras en los niños muy pequeños algunas minorías desarrollan jornadas muy intensas de actividades productivas que desplazan la actividad educativa o desplazan las posibilidades de juego, en la adolescencia se intensifica el tema de jornadas intensas de trabajo, que en algunos casos los asimila prácticamente a un tipo de vida cotidiana de la del mundo laboral adulto”.
También aludió al perjuicio que causa el trabajo prohibido en los niños y adolescentes en lo concerniente a la inclusión educativa.
El responsable de la Senaf indicó que “en las zonas urbanas el 87,5 % de los adolescentes tienen alguna participación en el sistema educativo, en las áreas rurales la inclusión en las escuelas de los adolescentes se reduce fuertemente al 75%. En las zonas urbanas el 28 % de los adolescentes que trabajan no van a la escuela y el 16,5 de sus pares mujeres tampoco van a la escuela”.
Lerner advirtió que en cualquier explotación laboral en la infancia, sea en actividades de mercado, de autoconsumo (generalmente en medios rurales) o en trabajos domésticos (especialmente niñas y adolescentes), se vulneran fuertemente un conjunto de derechos que reconoce la Convención y las leyes del país.
“Se vulnera el derecho a la educación, al esparcimiento, al juego y también se vulnera el derecho a la salud. Especialmente la salud mental, ya que los menores asumen tareas para las que todavía no han alcanzado el grado de madurez mental suficiente para ese tipo de responsabilidades”, explicó.
“En última instancia se vulnera el derecho a ser niño”, señaló. Según el funcionario en nuestro país la explotación laboral de niños y adolescentes “está muy asociado a la población más pobre y con recursos muy bajos”, aunque advirtió que “hoy con los altos niveles de pobreza ese porcentaje también se extendió a una parte muy importante de la población”.
Otro indicador está asociado también al clima educativo en el hogar y el acceso a la salud.
“En general están en pugna -dijo- cuando hay una inclusión educativa plena en el hogar es más bajo la posibilidad de trabajo infantil y a la inversa”.
Lerner señaló, por último, que “hubo avances culturales y normativos muy importantes, por ejemplo la Ley 26.390 que levantó la edad por la que debajo de la cual el Estado Nacional dice ‘no debe haber trabajo infantil’ y tenemos la Ley 26.847, que penalizó la práctica de aquellos que lucran con el trabajo infantil” .
Por su parte, Pamela Ares, subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, advirtió que “no habrá una erradicación del trabajo público sin una política de cuidado”.
La funcionaria explicó que “en materia de erradicación del trabajo infantil, diseñamos políticas públicas integrales con la mirada de los cuidados y la ruralidad, la agricultura familiar y campesina. Sin políticas públicas que modifiquen esta realidad, no avanzaremos en materia de justicia social y de equidad de género”.