En este sentido, manifestaron que dichas medidas resultan discriminatorias por “haber omitido contemplar un régimen alternativo menos gravoso que permita las celebraciones en condiciones de razonable seguridad sanitaria” y porque no concurren los requisitos de “necesidad, proporcionalidad y temporalidad requeridos por la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Además entendieron que, al exceptuar de las restricciones sanitarias a quienes realicen competencias deportivas en lugares cerrados con los respectivos protocolos, también corresponde que se acepten sus protocolos para realizar eventos religiosos.
Por ello, solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del DNU, en tanto suspende y limita las ceremonias religiosas, y de todas las normas dictadas en consecuencia. Conjuntamente piden que se ordene al Poder Ejecutivo la confección o aprobación de protocolos “con aforos razonables en relación a las superficies de los templos, con condiciones de ventilación natural o mecánica, uso de barbijo, colocación de dispensadores de alcohol, demarcación de los lugares o asientos para la distancia social” entre otras medidas.