Pensadores, filósofos, especialistas y académicos de la Argentina e internacionales, así como también representantes del Poder Judicial de diferentes provincias, se dieron cita para debatir sobre las prácticas en el servicio de justicia, con el objetivo de valorizar y sensibilizar acerca de la ética en el ejercicio profesional del derecho.
El intercambio de ideas incluyó la determinación de parámetros objetivos que guíen la actuación de los funcionarios judiciales, la búsqueda de equidad que equilibre institucionalmente situaciones sociales complejas, el efectivo cumplimiento de las normativas vigentes y la construcción de un espacio de diálogo constante sobre estos principios.
La apertura estuvo a cargo del presidente del Consejo Económico y Social y secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Beliz, quien llamó a impregnar de ética la justicia para evitar la judicialización de la política.
También dijo que “la dimensión del desarrollo sustentable incluye la calidad institucional como un pilar indispensable para proyectar los grandes objetivos del país”.
Cabe consignar que la iniciativa del CES fue especialmente impulsada por la jueza María del Carmen Battaini, ministra del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego y primera mujer elegida presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales.
La magistrada explicó la importancia de contar con un código de ética que potencie las herramientas ya existentes en diversas provincias, en cuanto a la adhesión de principios internacionales y la conformación de códigos de ética, observatorios y tribunales provinciales.
Distintas provincias tienen un Código de Ética propio para el Poder Judicial, como el caso de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Formosa y Santiago del Estero. Río Negro y Neuquén suscribieron los principios ético-jurídicos de Bangalore, y La Pampa, San Juan, Salta y Tierra del Fuego adoptaron el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que cuenta con el aval de 23 países que conforman la Cumbre Judicial Iberoamericana.
El foro contó con cuatro paneles de diálogo. En el primero, titulado “Principios éticos en el Poder Judicial, las Ciencias Jurídicas y Ciencias Sociales”, expuso Rodolfo Vigo, director del Departamento de Derecho Judicial de la Universidad Austral y co-redactor del Código Iberoamericano de Ética Judicial, para quien “la ética puede favorecer la independencia judicial ya que brinda al juez la libertad para elegir una respuesta Jurídica”. También detalló una serie de obstáculos para incorporar la ética en la agenda judicial.
El otro co-autor del Código Iberoamericano, Manuel Atienza, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, sostuvo que es importante generar las condiciones como para que puedan florecer las “virtudes judiciales”, reduciendo los incentivos para que exista corrupción y corruptela.
En tanto que Alfonso Santiago, miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, dijo que los códigos de ética judicial refuerzan las ideas plasmadas en la Constitución Nacional sobre la buena conducta de los jueces (artículo 112) y el accionar del Consejo de la Magistratura (artículo 114).
Por su parte, Alejandra Ronsini, jueza titular de la provincia de Buenos Aires, resaltó que “la ética judicial está centrada en el perfil humano del juez y ello tiene mucha importancia porque necesitamos recobrar la confianza en la justicia”, en tanto que recordó antecedentes valiosos para avanzar en la materia como la Mesa para la Reforma de la Justicia del Diálogo Argentino en 2002 a nivel local, y el Código de Ética de Austria a nivel internacional.
El segundo panel se tituló Equidad, justicia y Responsabilidad Institucional como valores. El primer orador, Luis Lozano, exsecretario de la Cumbre Iberoamericana de Ética Judicial, manifestó que “El derecho no es matemática. Con frecuencia, establecer la interpretación de la ley es algo que queda librado al juez, donde su mandato es proteger la voluntad del pueblo”.
Por su parte, Armando Andruet, presidente de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, sostuvo que la responsabilidad institucional es un valor vertebral a la vida comunitaria que impone al Poder Judicial su compromiso con criterios que posibiliten una vida ciudadana.
“Las transformaciones mayores se deben dar en la voluntad de los jueces y un buen inicio es encontrar el diálogo sobre estas cuestiones”, agregó, mientras que Roberto De Michele, especialista Principal y director del Clúster de Transparencia e Integridad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo que “no existe una sola fórmula pero en toda sociedad democrática existen algunas reglas significativas que buscan generar la confianza para la convivencia”, puntualizó.