El Tribunal Oral que debía juzgar a 18 procesados por supuestos delitos en el llamado «Plan Qunita» de provisión de kits para recién nacidos sobreseyó a todos los acusados, al hacer lugar a un pedido fiscal por inexistencia de delito.
La decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal 8 benefició a exfuncionarios kirchneristas como Aníbal Fernández, Daniel Gollan y Nicolás Kreplak -estos dos últimos actuales autoridades de Salud bonaerenses-, entre otros. Lo mismo para con empresarios que proveyeron los insumos para el kit, según se lee en el fallo.
Los jueces Adrián Grunberg, José Michilini y Ricardo Basílico ordenaron además levantar los embargos que había dictado en el caso el fallecido juez federal Claudio Bonadio.
El Tribunal resolvió dictar los sobreseimientos luego de un dictamen de la fiscal de juicio Gabriela Baigún, a favor de hacer lugar a la excepción de falta de acción por inexistencia de delito.
Esta decisión se tomó a raíz de una pericia ordenada en la llamada «instrucción suplementaria» preparatoria del juicio oral que dio como resultado que no hubo perjuicio para el Estado Nacional. La fiscalía «entendió que la nueva prueba incorporada a la causa» permitía «descartar que la Licitación Pública Nacional nº 4/2015 hubiera generado un perjuicio económico al Estado Nacional, como así también que el procedimiento licitatorio hubiera estado direccionado en favor de las empresas adjudicatarias», recordó el Tribunal en su fallo.
El expediente de la causa del Plan Qunita fue instruido por el fallecido juez Bonadio, quien en su momento procesó al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y al exministro de Salud de la Nación y actual titular de esa cartera en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, y su actual viceministro, Nicolás Kreplak, entre otros. Durante la instrucción suplementaria del caso Qunita, en el que se investigó si hubo irregularidades en la licitación para la entrega de kits –de cunas, chupete, moisés, entre otros-, se llevó a cabo la pericia que determinó que no hubo perjuicio a la administración pública ni se pudo constatar el direccionamiento hacia las empresas que ganaron la licitación.