El empresario Ibar Pérez Corradi, condenado en diversas causas por comercialización de efedrina y lavado de activos, fue excarcelado luego de que la Justicia de Estados Unidos desistiera de extraditarlo a ese país para juzgarlo por tráfico de drogas, informaron fuentes judiciales.
La liberación de Pérez Corradi (43), quien se encontraba detenido en el Penal Federal de Marcos Paz, se produjo en la noche del martes y fue otorgada por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado mediante una resolución a la que accedió Télam.
La medida fue confirmada por uno de los abogados del empresario, Juan José Ribelli, quien dijo que el martes, a última hora, su asistido quedó en libertad ya que la causa por la extradición a Estados Unidos era la única que lo mantenía preso.
Según explicó Ribelli, el martes fueron notificados del fallo de la jueza Arroyo Salgado y a la noche Pérez Corradi salió de prisión.
En la resolución de la magistrada, se explica que la decisión está fundada en que Estados Unidos, a través de su Embajada en la Argentina, informó que “retiran formalmente el pedido de extradición formulado en 2008 en razón de cuestiones procesales”.
Por tal motivo, y teniendo en cuenta que Pérez Corradi cumplió la totalidad de la pena en otras causas y los dos tercios en la restante, la jueza resolvió que fuera liberado desde el penal de Marcos Paz y que se lo traslade a un domicilio bajo la esfera del Programa de Protección a Testigos e Imputados, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
A su vez, el fiscal federal Federico Domínguez, en su dictamen, se mostró de acuerdo con la postura de la magistrada.
“Al haber los Estados Unidos retirado formalmente la solicitud de extradición de Pérez Corradi, este proceso debe ser archivado sin más”, sostuvo el fiscal y agregó que “en consecuencia, corresponde disponer la libertad” del empresario.
Pérez Corradi estaba detenido desde agosto de 2016, luego de mantenerse prófugo, y fue condenado en otras causas por tráfico de drogas y lavado de activos.
El triple crimen de General Rodríguez
También estuvo imputado en la causa por el triple crimen de General Rodríguez, donde fueron asesinados Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, aunque en abril último la jueza federal a cargo de la causa, María Servini, le dictó la falta de méritos por segunda vez ante la ausencia de nuevas pruebas.
Al respecto, Carlos Broitman, otro de los abogados defensores del empresario, dijo a Télam que la Cámara Federal confirmó esa decisión, por lo que van a pedirle a la jueza el sobreseimiento definitivo.
Por el contrario, Diego Ferrón, hermano de Damián, indicó a esta agencia que, según su criterio, el empresario debe seguir bajo investigación.
“Esperamos la justicia resuelva dentro de un tiempo más qué rol cumplió Pérez Corradi respecto al triple crimen y que a unos días de cumplirse los 13 años del hecho podamos llegar a saber quiénes fueron los ideólogos y más participes necesarios de los ocurrido, aunque sabemos que es muy difícil”, consideró Diego.
El triple crimen ocurrió hace casi 13 años, cuando el 7 de agosto de 2008, Forza (34), Ferrón (37) y Bina (35) desaparecieron tras haber ido a una reunión en el hipermercado Walmart de Sarandí.
Los tres fueron asesinados a balazos y sus cuerpos guardados y preservados en frío hasta que los arrojaron en un zanjón del partido de General Rodríguez, donde fueron encontrados el 13 de agosto, con signos de haber estado maniatados.
Por ese hecho fueron condenados en un juicio oral a prisión perpetua Martín Lanatta, Marcelo Schillaci, Víctor Schillaci y Cristián Lanatta como partícipes necesarios de privación ilegítima de la libertad y triple homicidio agravado con ensañamiento, y alevosía.
Por su parte, Pérez Corradi fue desde un principio aludido como supuesto ideólogo de los crímenes, aunque para la jueza Servini no hay pruebas contundentes sobre ello.
De esta manera, la única condena que le resta cumplir -aunque ya purgó dos tercios de la pena y le otorgaron la libertad condicional- es una de siete años de prisión impuesta por el Tribunal Oral Criminal Federal 8 por comercialización de materias primas para elaboración de estupefacientes.