En sintonía con la decisión que ya había tomado el Ministerio Público Fiscal, la Corte Suprema de Justicia resolvió que la actividad presencial volverá a los tribunales federales y nacionales del país a partir del 1 de septiembre. Los convocados serán todos los magistrados, funcionarios y empleados, incluso los de más de 60 años que ya hubieran recibido al menos una dosis de la vacuna del COVID-19. Quedan exceptuadas las mujeres embarazadas y los que padezcan enfermedades que los hagan “más vulnerables” al virus.
La acordada fue rubricada por los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. La disposición sostiene, no obstante, que “todo el personal judicial que concurra a los tribunales y dependencias para prestar servicios que deberá adoptar todas las medidas de prevención, higiene, movilidad y transporte emanadas de las autoridades competentes en el respectivo ámbito”. Y quedará a criterio de la superintendencia de cada área decidir la forma de convocatoria atendiendo a las particularidades edilicias de cada dependencia.
Hace diez días, el Procurador interino Eduardo Casal también había firmado una resolución para volver gradualmente a la presencialidad en todas las fiscalías del país y en las dependencias del Ministerio Público Fiscal, más allá de que seguirá el trabajo remoto para todos aquellos empleados que tengan factores de riesgo y se tendrá en cuenta “su situación respecto del proceso de vacunación”.
A partir de este lunes, el Estado Nacional también resolvió volver de manera escalonada a la presencialidad y la administración retome la atención en las oficinas de la administración pública nacional.
El regreso de los juicios por jurados
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia bonaerense habilitó la reanudación gradual de los juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires debido a la favorable evolución epidemiológica y los avances en la campaña de vacunación.
A través de una resolución, la Corte dispuso habilitar “la celebración de las audiencias de debate oral con la participación de jurados populares”, y aclaró que “el magistrado a cargo de cada debate será quien deberá evaluar, teniendo en cuenta las características de los espacios físicos disponibles para la realización de la audiencia en sus distintas etapas, si se encuentran dadas las condiciones para llevarla a cabo en cumplimiento de los protocolos vigentes”.
“La decisión se asienta en las nuevas medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y las adoptadas en consonancia por el Poder Ejecutivo provincial y la Suprema Corte de Justicia”, fundamentó.
La resolución agregó que las nuevas medidas surgen “como consecuencia de la favorable evolución epidemiológica y los avances de la campaña de vacunación desplegada en el territorio bonaerense, esquemas de aperturas sostenidas y progresivas, así como el aumento de la capacidad de aforo en los lugares en donde se desarrollan ciertas actividades”. El sistema de juicio por jurados rige en la provincia de Buenos Aires para delitos graves con penas superiores a los 15 años, como homicidios y violaciones, entre otros.