La Asociación Argentina de Fiscales envió una carta al Gobernador de la provincia de Santa Fé ante los hechos de conocimiento público al iniciarse días atrás el juicio contra Ariel “Guille” Cantero, líder de la organización “Los Monos”. En un texto firmado por el titular, doctor Marcelo Varona Quintián; entre otros plantean al Ejecutivo la “gravedad institucional” de la situación que se vive en esa provincia.
A continuación; el documento dado a conocer el viernes: “por decisión de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Fiscales tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con motivo del nuevo ataque mediante disparos de arma de fuego, ocurridos en la noche del día 23 pasado contra el edificio del Centro de Justicia Penal de Rosario, Provincia de Santa Fé, sitio en que se desarrolla un juicio oral en contra de Ariel “Guille” Cantero, líder de la organización delictiva “Los Monos””.
“…No escapa a nadie las circunstancias en que se producen éstos episodios, y que están dirigidos a amedrentar a todos los operadores de justicia vinculados a la persecución del crimen organizado. Justamente, el objeto del proceso se vincula a distintos atentados sobre edificios públicos y domicilios particulares de magistrados y funcionarios judiciales que entendieron en causas anteriores. Nada menos que catorce episodios registrados en ese sentido. En relación a lo ocurrido, es oportuno recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el Estado debe garantizar que funcionarios judiciales, fiscales, investigadores, y demás operadores de justicia cuenten con un sistema de seguridad y protección adecuado, tomando en cuenta las circunstancias de los casos a su cargo y el lugar donde se encuentran laborando, que les permita desempeñar sus funciones con la debida diligencia” (Corte IDH Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 11 de mayo de 207. Serie CNo. 163, párr. 297). Estas últimas referencias resultan ineludibles a la hora de delinear las políticas de este organismo para dar cumplimiento con su deber de protección de sus integrantes, por circunstancias propias del ejercicio de su función.…”
Más adelante agrega que “coincidimos y nos sumamos a lo expresado mediante comunicado, por la Federación Argentina de la Magistratura, en tanto afirma que ..la sucesión de atentados de características similares solamente puede ser interpretado como una provocación a las autoridades estatales y una demostración de poder e impunidad por parte de los autores. Estas acciones extorsivas han traspasado límites que las instituciones no pueden permitir que sean vulnerados. La reacción estatal debe activarse antes de que se produzcan consecuencias irreversibles. El Estado tiene la obligación de velar por la imparcialidad y la independencia de los magistrados, preservadas de presiones de cualquier naturaleza y origen; y los ciudadanos tienen el derecho a contar con esas garantías. Por ello deben impedirse estos ataques extorsivos que, a partir de la sucesión de hechos violentos de los últimos años, ya pueden ser considerados previsibles”.
“El Ministerio Público Fiscal, parte integrante del Poder Judicial de vuestra Provincia y más concretamente el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fé, se encuentran fuertemente comprometidos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, a punto tal de haber dirigido imputaciones incluso a propios integrantes. No obstante, ello, la obligación de combatir la corrupción, en el sistema constitucional argentino y de la provincia en particular, corresponde a los tres poderes, cada uno dentro de sus competencias. Es por ello, que el incumplimiento de esa obligación por parte de uno, o alguno de los otros poderes, sin dudas atenta contra la efectividad y debilita el funcionamiento general”.
“…Ya no se trata solo de la deficiente, nula e ineficaz actuación en la obligación de prevención de la seguridad física de los integrantes del Poder Judicial (demostrada con la repetida e irracional violencia dirigida a intimidar la función judicial), sino que a ello se le aúnan las barreras edificadas tendientes a evitar la imputación de delitos conexos a la corrupción contra miembros de la legislatura provincial que operan como cepos a la labor judicial, junto al uso frecuente por el poder político de los medios de comunicación tendientes a desacreditar investigaciones. En un estado Constitucional, en la justicia reposa la expectativa que tiene la sociedad, que cada caso (“su caso” para el justiciable), será tramitado y resuelto por una justicia INDEPENDIENTE E IMPARCIAL, y que los constantes ataques sufridos de las más diversas índoles atentan contra esa expectativa. Se produce de hecho, un descrédito, y desconfianza sobre todo el sistema republicano, debilitando el imperio de la ley”.
“Es por ello, que frente a la GRAVEDAD INSTITUCIONAL que se produce, y el desafío constante a la ley, sus instituciones y autoridades, por parte de estas organizaciones delictivas, solicitamos que el Poder Ejecutivo disponga medidas que no dejen lugar a dudas del sentido, direccionalidad, objeto y compromiso con los fines del Estado”.
“Por otro lado, hacemos saber que esta Asociación acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por entender que se han violado los arts. 1.1, 2 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación a la obligación de garantizar el acceso a un juez/fiscal independiente e imparcial, debido proceso, acceso a la justicia, como presupuestos básicos de todo el sistema de protección de derechos humanos.
La carta fue firmada por Marcelo Varona Quintián Presidente; Anibal Brunet Vocal Titular; Walter Fernández Vicepresidente Primero; Sebastián Lucio Videla Vocal Titular; Patricio Pagani Vocal Suplente; Cecilia Mollo Revisora de Cuentas Titular; Federico Tropea Vocal Suplente; Adrián Flores Protesorero; Matias Michienzi Secretario General; Fernando Rubio Vocal Titular y Valeria Meyer Secretaria de Actas.