La Policía Bonaerense busca intensamente a una abogada con estudio jurídico en La Plata y la Ciudad de Buenos Aires a quien acusan de haber cometido fraude en perjuicio de la administración pública, particularmente el Ministerio de Salud bonaerense, a través del “Plan Incluir Salud”.
La mujer tiene 45 años de edad y fue procesada junto a otros abogados que desempeñan funciones en esa cartera quienes le habrían filtrado información sobre las personas que reclaman diversas prestaciones médicas –e incluso llegaban a informarles a los beneficiarios que se rechazaban los pedidos que realizaban, como entrega de medicamentos, por más que ello no fuera así–, con el fin de iniciar una acción legal.
A través de la investigación policial se llegó a esa conclusión: trabajadores del Ministerio de Salud, en ocasiones familiares, le proveían la información sobre los casos más viables para el cobro de juicios, incluso falsificando documentos, para que al finalizar el proceso pudieran cobrarle los honorarios al Estado provincial, clientes que incluso eran captados a través de la red social Facebook.
Por esa razón la UFI Nº 1 del Departamento Judicial La Plata, subrogada por la fiscal Cecilia Corfield, emitió cuatro órdenes de allanamiento y la detención de la abogada, y si bien se secuestraron 20 gabinetes de CPU, 1 notebook, 3 teléfonos celulares, 1 disco duro, 2 penndrives, copias de presentismo y demás documentación, no se pudo localizar a la letrada.
En la búsqueda de esta mujer se le siguió el rastro hasta la ciudad de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, desde donde se tomó un avión privado con destino al Paraguay, donde presumiblemente se estaría escondiendo en estos momentos.
Por ello es que la mujer fue catalogada por la Justicia argentina como prófuga aunque trascendió que su representación legal ya presentó un pedido de eximición de prisión para la abogada.