El imputado colaborador Adrián Vera fue detenido en Quilmes, por orden del Marcelo Goldberg, luego de que el juez de garantías N°1 de Tartagal, Nelso Aramayo, ordenara su detención en una causa que se le sigue en Tartagal.
Cabe recordar que la declaración ante el fiscal federal Eduardo Villalba, entre otros elementos de juicio, posibilitó la detención del exintendente de Aguaray Jorge Enrique Prado y la imputación a 11 personas por el sonado caso del robo de los caños del GNEA.
Pero en la causa 83.034/20, que se tramita ante la Justicia de Salta, Vera está acusado de varias estafas cometidas en Tartagal y Mosconi mientras se concretaba el robo de los caños del GNEA, es decir en los últimos meses de 2019. Es justamente por este tema que se ordenó su detención, lo que generó abiertas suspicacias entre los que siguen el curso de la causa madre, que es la del robo de caños.
Como se conoce, en el ámbito federal se desarrolla el juicio, que ya lleva varias meses, donde están imputados Jorge Enrique Prado, exintendente de Aguaray; Freddy Céspedes, exsecretario de Gobierno del municipio norteño, y otras 9 personas más, entre ellos medianos empresarios de la zona y otro de la provincia de Mendoza. Todos deben responder por el robo de 8 kilómetros de caños que pertenecían al tramo norte del GNEA y que construía la empresa Servicios Vertúa S.A.
“Para la defensa de los 11 imputados es fundamental que Vera, que fue la persona que acordó con el fiscal federa Villalba colaborar en toda la investigación y así permanecer en libertad, pueda declarar. Pero su detención complica el desarrollo de ese juicio”, explicó una fuente vinculada a la investigación que, como el resto de los imputados y sus defensas, no dejaron de sorprenderse de que Vera haya quedado detenido, justo un par de días antes de su declaración indagatoria.
Hasta las últimas horas de ayer la Justicia Federal, según trascendió, hacía los trámites de rigor para que el magistrado que lo detuvo en Quilmes a instancias del juez tartagalense Nelso Aramayo pudiera disponer de los medios técnicos para que Vera declare en forma remota.
Extraño resulta también que la orden de detención de Aramayo tiene fecha del 29 de setiembre de 2021, aunque el pedido formulado por el fiscal en turno data del 8 de junio de 2020, o sea 15 meses antes. Atenido a la fecha de la orden de detención, la misma se concretó en Quilmes el pasado 1 de octubre para sorpresa de muchos.
Fuentes cercanas a toda la investigación aseguraron que “tanto los imputados como el fiscal Villalba esperaban que Vera declare entre el jueves y el viernes de esta semana. Los imputados niegan conocerlo y aseguran que Vera no tiene una sola prueba que los vincule al caso a pesar de que fue él quien los mandó al frente a todos. Y el fiscal Villalba, porque confía en que lo que dijo Vera se pueda sostener en el juicio y que todos sean condenados por la imputación que les hizo, ya que muchas de las pruebas están sustentadas en base a lo que Vera declaró como imputado colaborador”, dicen los que conocen la causa.
Sin embargo, hasta las últimas horas de ayer no se conocía si finalmente el sujeto iba a estar en condiciones o no de declarar en forma remota y, además, si una vez detenido en Buenos Aires el juez de Tartagal iba a pedir que sea trasladado a este distrito judicial para que declare por el delito de estafas que se le imputan.
Otros nombres en danza
Pero, más allá de eso, en torno a la detención de Vera se aventuró otra hipótesis: el imputado colaborador estaría dispuesto esta vez a dar los nombres de otros funcionarios de mayor rango que el exintendente “Quique” Prado o que su secretario de Hacienda, Freddy Céspedes, para vincularlos al sonado caso del robo de caños del GNEA, haciendo hincapié en que puede haber también involucrados funcionarios de otras provincias.
Cuando Vera esté en condiciones de declarar -varios abogados defensores de los imputados pidieron que lo haga en forma presencial frente a los jueces del tribunal- se sabrá si aportará o no más nombres de funcionarios que habrían facilitado el robo de los caños y que se tradujo en un millonario perjuicio a las arcas del Estado.
Fuente: El Tribuno de Salta