La entidad, que presidente Marcelo Varona Quintian, advirtió en un comunicado que jury se esconden “una clara e indudable intención de obstruir la investigación de gravísimos hechos de corrupción producidos en la gestión del Poder Ejecutivo y vinculadas estrechamente con sectores del poder político provincial”.
El jury contra Goyeneche ya cosechó el rechazo de legisladores de Cambiemos y de la Red de Entidades de La Red de Entidades por la Justicia Independiente en Argentina (REJIA), entre otras.
La AAF señaló que “las causales de apertura del proceso de enjuiciamiento son una maniobra que intenta atacar la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal, generando un escenario de riesgo al MPF como institución”.
Afirmó luego que “es tan clara la maniobra por “sacarla” de los procesos, que deliberadamente se recurre a este mecanismo de enjuiciamiento sin siquiera haber intentado la vía procesal correspondiente (solicitar el apartamiento a su superior) ámbito en el cual podría dar las explicaciones del caso”.
En el caso de Goyeneche, sostuvo la entidad, “se verifica una adecuada política penal persecutoria y que la denuncia en su contra no es otra cosa que la continuidad de la actividad defensista llevada a otras instancias no jurisdiccionales donde la propia corporación de letrados -que cuenta con representantes propios en el jurado de enjuiciamiento- impulsa la destitución. Es clara la sospecha y existe un temor objetivo de parcialidad del Tribunal de Enjuiciamiento”.
“Es nuestra convicción que bajo la forma legal de un jury sólo se está ejerciendo una política de presión, cuestionamiento, y denuncias por parte de sectores políticos del oficialismo tanto a nivel nacional como provinciales, y que dirigen sistemáticamente contra todo funcionario judicial que pretenda investigar actos, acciones o decisiones emanadas de las “autoridades políticas”. Ellas están destinadas a aleccionar a todos los Fiscales o jueces que intenten investigar la corrupción de las administraciones publicas de nuestro país. Ambicionan así, crear un “Bill de impunidad””, añadió.
“En definitiva, ante el propósito de negar el rol constitucional que cabe al Poder Judicial en una república democrática y en especial al Ministerio Público Fiscal consideramos que hay que fortalecer la institucionalidad, archivando el procedimiento de destitución seguido contra la Fiscal Adjunta Dra., Cecilia Goyeneche”, cerró la entidad.
Para la entidad “no es casual que en aquellas jurisdicciones en las que se ha logrado avanzar en investigaciones y juicios por corrupción, contra importantes funcionarios (como ocurre en el ámbito nacional, en la Provincia de Santa Fé (sic), en la Provincia de Entre Ríos) se verifiquen intentos por desplazar de sus cargos a los fiscales y jueces encargados de llevar adelante esas acciones mediante espurios procesos de destitución, sanción o remoción”.
“Cada gobierno ha intentado de alguna manera o de otra, ejercer un control sobre la justicia, sus Cortes, jueces y fiscales recurriendo a mecanismos de lo más variados y que van desde el aumento de miembros de la Corte, la designación de vacantes, creación de nuevos órganos y cargos, modificaciones al régimen previsional para producir nuevas vacantes, designaciones “provisorias”, todo en una histórica puja o tensión por detentar la mayor cantidad de poder posible”, finalizó.