El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos del sur del Conurbano se reanudó ayer con la declaración de testigos por Nélida Azucena Sosa de Forti, quien fue secuestrada el 18 de febrero de 1977 arriba de un avión de Aerolíneas Argentinas próximo a despegar. Estaba junto a sus cinco hijos, quienes fueron posteriormente liberados. Estuvo en el Pozo de Quilmes.
Carmen Ibañez, abogada defensora, reclamó que el testigo no leyera notas pero el Tribunal no hizo lugar. Es que Alfredo Forti precisó que iba a utilizar notas personales durante su exposición a los fines de dar un orden cronológico. Una vez resuelta la cuestión, se dio inicio al testimonio. El hombre recordó que su madre estaba muy cercana a la realidad de la sociedad. “Si bien era atea, trabajó muchísimo con los curas de opción por los pobres”, recordó, al enumerar las acciones que realizaba.
Ellos estaban en Tucumán cuando comenzó “la campaña sistemática de persecución, detenciones, secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos a la clase de gente como mis padres”. Comenzaron a “desaparecer” compañeros de trabajo, de actividades políticas y sociales, por lo que el 18 de febrero abordan un vuelo con destino a Venezuela, donde estaba su padre, también llamado Alfredo Forti. El avión debía salir a las 9 y luego de pasar los controles y una vez sentados, les informan que no podían viajar por aparentes problemas de documentación y amenazaron a Nélida con abrir fuego.
Remarcó que todo sucedió “a la vista de todos los pasajeros”. “Nos sacan del aeropuerto, nos suben a autos particulares y todos somos vendados y atados, incluídos mis hermanos pequeños (Mario, 13 años; Renato, 11; Néstor, 10; Guillermo, 8). Yo tenía 16 años y mi madre, 41. Nos trasladan a un lugar que nunca supimos dónde era y nos depositaron, finalmente, en un patio rodeado de calabozos y un baño“, explicó.
“En ese lugar, de aspecto de comisaría o detención, estuvimos seis días, desde el 18 hasta el 23 de febrero. En ningún momento se nos informó de las razones por las cuales habíamos sido detenidos, no se nos permitió comunicarnos con nuestros familiares o se explicó nada que nos pudiera dar alguna explicación de por qué estábamos ahí, en esas circunstancias”, apuntó.
Su madre pudo hablar con la autoridad del lugar y le solicitó que les permitieran viajar a Venezuela, pero esa posibilidad le fue negada, y luego pidió que dejaran ir a los nenes con familiares o amigos que vivían en Buenos Aires. Ésto fue el sexto día de detención ilegítima. Sacaron a la familia en dos autos, los nenes por un lado y ella por otro. A los pequeños los liberaron, atados y vendados, en inmediaciones de la residencia de una familia amiga, de acuerdo al relato de Aldredo, quien consideró que ella había pedido que los dejaran allí. Como era el mayor, le dejaron las cédulas de identidad pero no los pasaportes. Ella no fue liberada.
“A partir de ahí comienza un larguísimo proceso de tratar de ubicar y recuperar a mi madre. Lo primero que sucede es que mi padre, impedido de poder regresar, logra que un sacerdote (Alfonso Naldi) viajara a Argentina y junto a él comenzamos a intentar averiguar el destino y la situación de mi madre, y recuperar todos los pasaportes y pasajes para poder estar listos para viajar a Venezuela”, señaló. Recordó que Jorge Faurié, quien luego fue canciller durante el macrismo, era funcionario y le indicó que no había antecedentes de detención de su madre, mientras que la jueza de menores Ofelia Hejt le dijo que tenía que denunciar que habían sido abandonados por su madre y se había robado los pasaportes para poder viajar solos, por lo que consideró que “más que cómplice, encubridora, constituye su accionar un verdadero acto criminal accesorio a las desapariciones forzadas”. “Es importante solicitar que se viabilicen las investigaciones para determinar las responsabilidades (de los civiles) en base al Código Penal argentino”, pidió. También recordó las trabas interpuestas por funcionarios de Aerolíneas y la Policía Federal.
Tiempo después, reconoció el lugar donde había estado detenido, lo identificó como el Pozo de Quilmes e hizo la denuncia ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). “Nunca supimos más del destino de mi madre a pesar de todas las gestiones y los juicios. Pudimos averiguar que fue vista en la jefatura de Policía de Tucumán en muy malas condiciones físicas y la última noticia es una lista en la cual aparece y al lado del nombre hay un símbolo ´DF´, que significa disposición final. Hasta el día de hoy seguimos en esta lucha por llegar al fondo de la verdad, determinar que fue lo que sucedió y dónde está mi madre“, concluyó.
Renato Forti continuó con el relato de la detención de la familia, en el marco de la audiencia 51. Él tenía 12 años cuando todo sucedió. Juan Martín Nogueira, por parte de la Fiscalía, guió el testimonio a partir de algunas preguntas. Recordó su detención en el Pozo de Quilmes y que conocieron a chicas que estaban detenidas, que eran oriundas de La Plata. “Nos cantaban”, recordó, en sintonía con lo expuesto anteriormente por su hermano, quien consideró que lo hacían para “tranquilizarlos” porque eran chiquitos.
“Estábamos todos juntos, a veces nos dejaban la puerta abierta”, mencionó, y precisó que les daban de comer y tenían acceso a un baño para las “necesidades básicas”, pero no bañarse. También dijo que cuando su madre era sacada de la celda, ellos esperaban “buenas noticias” pero nunca llegaron. El día en que los sacaron del centro de detención y fueron llevados a la zona de Parque Patricios, los dejaron “en la calle, ni siquiera en la vereda” y vieron irse el vehículo que llevaba a su madre. “La gente pasaba, nos veía pero no hacía nada, ni siquiera se asombraba”, mencionó. El mayor estaba maniatado y vendado, los menores sólo con venda.
Finalmente, Guillermo Forti reiteró las condiciones de detención y también hizo hincapié en las detenidas jóvenes, una de las cuales estaba embarazada de seis meses. “Ellas cantaban canciones de Sui Generis”, mencionó, al tiempo que recordó que las conversaciones con su madre estaban cargadas de “ternura y afecto”.
“Con mis hermanos inventábamos juegos con lo que teníamos, mi hermano mayor siempre estaba buscando distraernos”, señaló, y precisó que durante una recorrida por el espacio, hallaron un “elemento que era usado para torturar, conocido como la picana”, algo que también mencionó Alfredo. El tiempo de encierro fue “eterno”, advirtió el hombre que tenía 8 años en ese momento. En los últimos días, estuvieron encerrados en un calabozo y la madre en otro. Su hermano mayor los levantaba por encima de las rejas para que pudieran hacer pis afuera de la celda.
Destacó la “valentía” de Naldi, quien se hizo cargo de los trámites para poder sacar a los chicos del país. “Tengo recuerdos de mucha angustia y mucho miedo de volver a ese aeropuerto por el temor de que pase nuevamente lo que habíamos vivido“, admitió el hombre, que destacó que su hermana Silvana se había sumado a ellos. “Logramos despegar y encontrarnos con nuestro padre en Venezuela”, apuntó.
“Siento un dolor y un vacío que estará siempre, mi madre era muy cariñosa, tierna, amiga… terminé de conocer a mi madre a través de mis hermanos mayores y mi padre. Es un dolor y un vacío que siempre estuvo, siempre existió en la niñez por la esperanza de ver a mi madre llegar”, reflexionó en el cierre de la exposición, aludiendo a la falta de Azucena en su vida y la de sus hermanos. “Pido que este testimonio sea de complemento y ayude a llegar a la verdad y que se haga justicia contra esos represores de la jerarquía que sea, desde el carcelero hasta el responsable directo“, concluyó.
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata -que está integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 17 represores, entre ellos a Miguel Etchecolatz y el ex médico policial Jorge Antonio Berges por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar. Es transmitido por La Retaguardia.
Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart. Miguel Ángel Ferreyro falleció en el transcurso del juicio, estaba imputado por los delitos cometidos en la Brigada de Lanús.
La audiencia, una vez finalizadas las exposiciones, pasó a un cuarto intermedio hasta el 14 de diciembre (martes). El inicio está pautado, como en las que la anteceden, a las 9. Basilico puso a disposición del Ministerio Público Fiscal la grabación del testimonio de Alfredo Forti Sosa, quien había solicitado que se investigue a los funcionarios que mencionó por su participación en la dictadura.
El proceso
El juicio comenzó el 27 de octubre de 2020. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores, entre ellos Etchecolatz, Juan Miguel Wolk y el médico policial Jorge Berges, por cerca de 500 delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura, detención y extermino conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.