La justicia de Morón condenó a un exintegrante de la Policía Federal por hacerse pasar por su hijo, menor de edad, para establecer vínculo con una nena de once años oriunda de Ezpeleta con la que mantuvo varias comunicaciones virtuales e intercambió imágenes con contenido predominantemente sexual y con la que hasta había concertado un encuentro. La denuncia fue radicada por la mamá de la víctima y el delito comprobado prácticamente en el acto, desde cuando el sujeto se encuentra detenido por la cantidad de evidencia reunida en su contra.
El fallo, en juicio abreviado, fue firmado por el juez Carlos Roberto Torti, miembro del Tribunal en lo Criminal Nº 4 del Departamento Judicial Morón. Es que si bien la nena que fue sometida a los abusos es oriunda de Ezpeleta, localidad del partido de Quilmes, el imputado tenía, al momento de los hechos domicilio en Hurlingham, en donde fue detenido y el material probatorio incautado.
En concreto, el veredicto condenatorio recayó sobre Edmundo García Vargas (35), a quien el magistrado le impuso la pena de siete años de prisión por considerarlo autor de los delitos de captación de un menor por medio de comunicaciones electrónicas con el propósito de producir fotografías de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, en concurso real con tenencia de representaciones de las partes genitales de una menor de 13 años de edad, los que a su vez concurren idealmente con corrupción de menores agravada por tratarse la víctima de una menor de 13 años de edad.
Siempre según la denuncia hecha por la mamá, el caso se desarrolló entre abril y agosto de 2020, plena cuarentena por la pandemia de Covid-19. La mujer descubrió que en un celular que le prestaba a su hija de 11 años para que use con un juego llamado Free Fire en realidad la chiquita había creado dos perfiles en las redes sociales Tik Tok e Instagram sin permiso, a través de los cuales mantenía conversaciones con amigas que ella conocía y un supuesto chico que no sabía quién era.
Ese usuario, que decía ser de su edad, “logró controlarla emocionalmente por la manipulación que ejercía sobre ella, con el propósito de hacerle producir fotografías de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”, indica el fallo basado en la investigación realizada por la fiscal Marisa Monti, de la Fiscalía Nº 5 de Morón, y la ayudanta fiscal Mariana Solís Ávalos. La madre encontró en esas comunicaciones fotos de su hija con su cuerpo “completamente desnudo”, mientras que el ahora condenado le mandó fotos de su pene.
Incluso en tres chats “le solicitó a la niña mantener relaciones sexuales”, quedó establecido en la investigación, cosa que no se concretó. Además, se comunicó con la menor cuanto menos en dos ocasiones por video-llamadas durante las cuales solo mostraba el mentón en el que se destacaba un lunar. Cuando la mamá descubrió todo se hizo pasar por su hija en un contacto virtual y le pidió al sujeto que le mandara mensajes de voz, en donde pudo corroborar que la voz era la de una persona adulta. Ahí radicó la denuncia, la justicia rápidamente estableció el origen de las comunicaciones y la mecánica usada: el ahora condenado simuló ser su hijo. Cuando García Vargas fue allanado, esas imágenes fueron encontradas en su teléfono.
Además de la evidencia reunida en los dispositivos electrónicos, la víctima contó en cámara Gesell cómo eran los diálogos. “Fuimos entrando en confianza hasta que empezamos a hablar muy atrevidos o algo así. Él siempre me pedía fotos desnudas, yo sin querer le pasaba algunas hasta que empezó a comportarse raro. Me decía que si lo dejaba se mataba. Yo estaba enamorada de él hasta que empezó a ser celoso por todo. Hay cosas que yo le tuve que mentir, y ya no sabía qué hacer. Me decía que tenía mucha plata que me iba a llevar a España, que el padre iba a hablar con mis padres. Me preguntaba muchas cosas y me pasaba fotos de su pene”, fueron algunas de sus expresiones. La nena tiene 11 años, es importante remarcarlo.
“La prueba que afirma las materialidades de los ilícitos es irrefutable. No deja margen de duda alguna. Esto significa que la convicción plena sobre la existencia de estos hechos no reposa ni se sustenta en una pura subjetividad, sino que deriva racional y objetivamente de la valoración de las constancias del proceso, debidamente contextualizadas a través de la imprescindible lógica acumulativa. Con la prueba antedicha se acredita la materialidad ilícita de estos atentados contra la integridad sexual de la niña”, reflexionó el juez Torti en su sentencia.
Asimismo, puso en valor que “cualquier interacción sexual entre un niño o niña y un adulto, el elemento común es el permitirse usar a un niño o niña para satisfacer sus propios intereses”. “El abuso sexual es esencialmente abuso de poder. En el abuso sexual, la autoridad y el poder tienen residencia en el abusador. Comprender y asumir esta definición de dominio en el marco de una relación de dependencia y subordinación es importante, pues el abusador manipula utilizando su poder y su rol, pervirtiendo de esta manera las relaciones con el niño o niña”, fundamentó el magistrado.
El veredicto, que es de cumplimiento efectivo, no tuvo oposición de parte del ahora expolicía, que aceptó su culpabilidad. La pena impuesta de siete años de cárcel es de cumplimiento efectivo y vencerá en agosto de 2027, porque desde agosto de 2027 ya se encuentra detenido. La justicia también ordenó el decomiso de todos los materiales informáticos incautados y de las imágenes en las que aparece la menor, material actualmente custodiado por el Ministerio Público Fiscal.
Dos elementos clave en el esclarecimiento del hecho. Por un lado, el rol de la madre, velando por su hija y por lo que menores de edad pueden considerar como una travesura: introducirse en la jungla digital sin supervisión. Por el otro, la rápida ocupación de la Fiscalía que investigó el caso a partir de la denuncia, que actuó con celeridad en pos de obtener la fuente probatoria excluyente en estos casos, que son los dispositivos tecnológicos que se utilizan para llevarlo a cabo.
Fuente: Primer Plano On Line