Desde la provincia de Buenos Aires se impulsó la firma de un acta acuerdo entre el ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Dirección General de Cultura y Educación para ampliar la oferta educativa para los niños en edad de Jardín Maternal que viven con sus madres privadas de libertad.
El acuerdo permitirá por primera vez en la Provincia que los menores de entre 45 días y 4 años que viven con sus madres en la Unidad 33 Los Hornos puedan optar a partir de ahora en concurrir a un Jardín Maternal o de Infantes de la cartera de Educación ubicada en inmediaciones de la cárcel, o al Jardín Maternal Palomitas, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Mediante el protocolo adicional rubricado este lunes en la cárcel mencionada, se ofrecerán al menos 12 vacantes para que puedan asistir al Jardín Maternal N° 4 de Los Hornos los niños de hasta 2 años que residen en la Unidad 33.
Así, los bebés y los niños se incorporarán a la matrícula escolar y podrán recibir la asistencia del Consejo Escolar a partir del ciclo 2022 que arrancará el 1° de febrero y culminará el 30 de diciembre.
Desde el SPB deberán garantizar la comunicación continua entre el personal acompañante a cargo de los niños y sus madres respecto a las situaciones escolares que surjan.
En el encuentro en el que se firmó el acta acuerdo estuvieron por el ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Marcelo Iafolla (director provincial de Política de Inclusión) y Yamila Olariaga (directora de Educación), por la Dirección General de Cultura y Educación: Patricia Redondo (directora Provincial de Educación Inicial) y Tatiana Zlatar (subdirectora de Educación en Contexto de Encierro y otros ámbitos), y por el SPB: Andrea Bartolomé (directora de Niñez) y Ariel Silvestri (director de la Unidad 33).
Iafolla explicó que “la idea es provincializar el acuerdo y que la oferta educativa se extienda a otras cárceles donde las mujeres viven con sus hijos en edad de Jardín Maternal como por ejemplo la Unidad 54 Florencio Varela o la Unidad 4 Bahía Blanca”.
En tanto, Olariaga enfatizó que “desde la Dirección de educación se promueven políticas públicas que favorezcan la atención temprana del desarrollo infantil”. Este avance permitirá en el caso de que los bebés o niños dejen de vivir en la cárcel tengan sus vacantes en las localidades de origen y así se garantizará la continuidad educativa.