La Mesa nacional de Juntos propuso que la presidencia del Consejo de la Magistratura recaiga en el presidente de la Corte Suprema de Justicia , asegurando que “facilitará la integración del órgano dentro del ámbito del Poder Judicial, allanará dificultades para la administración y le otorgará mayor previsibilidad al desenvolvimiento del Consejo”.
Además, la conducción de la alianza opositora consideró que “el gobierno nacional ha menoscabado esa independencia atacando insistentemente a los tribunales que no deciden de acuerdo sus deseos, especialmente en las causas de corrupción”.
En un comunicado, Juntos sostuvo que defenderán “enfáticamente” la sujeción de los jueces a la Constitución Nacional y a la ley, por lo que buscarán promover o acompañar “aquellas iniciativas de reforma al Consejo de la Magistratura que aseguren esos principios”.
“Frente a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, a la existencia de un proyecto del Poder Ejecutivo, de varios de distintos legisladores y a la inclusión del tema por el gobierno para ser tratado en las próximas sesiones extraordinarias, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio entiende necesario establecer algunos puntos fundamentales que deberán tenerse en cuenta a la hora de la discusión parlamentaria”, dijo la coalición en la carta.
En tal sentido, expresaron que “es necesario respetar cabalmente la opinión de nuestro máximo tribunal en punto al equilibrio que debe existir entre los diferentes estamentos”, agregando que e “resulta conveniente adoptar la composición de la ley 24.937 que no ha merecido objeción alguna.
También reclamaron que es necesario “asegurar la representación igualitaria en materia de género y la representación federal de los estamentos”, manifestando que “cada estamento debería ser elegido directamente por quienes van a ser representados y, en cuanto a los legisladores, se podría contemplar la opción de designar juristas que cumplan los requisitos pertinentes”. Además, abogaron por prohibir la reelección, dejando pasar un período, lo que “permitiría una mayor alternancia”.
En cuanto a los concursos, pidieron buscar caminos “más expeditos, más eficientes y mucho más transparentes” y que debería analizarse la posibilidad de concursos anticipados, “para que ya existan postulantes calificados cuando se producen nuevas vacantes”. En relación a las facultades disciplinarias, dijeron que “no es admisible la existencia de investigaciones abiertas por largo tiempo sin definición, pues ello afecta sin dudas a la independencia del magistrado investigado”.