Un fiscal federal pidió que se eleve a juicio la causa que se le sigue al presidente y al gerente de una empresa de transporte de caudales y seguridad privada por la retención indebida de una cifra superior a los 1.000 millones de pesos y un millón de dólares pertenecientes a una firma de comidas rápidas, un banco privado y una administradora de bingos, informaron fuentes judiciales.
El requerimiento de elevación a juicio fue formulado por el fiscal Leonel Gómez Barbella, a cargo interinamente de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 8, quien solicitó al juez 31 del mismo fuero Carlos Bruniard juzgar a Lucas Daniel Zeballos (32) como autor y a J.E.C.I como partícipe necesario del delito de defraudación por retención indebida. De acuerdo a lo informado por el sitio institucional www.fiscales.gob.ar, ambos, presidente y gerente comercial respectivamente de la firma Codecop, se quedaron con dinero que debían trasladar y/o resguardar según los contratos de prestación de servicios celebrados con el Banco Galicia, Arcos Dorados Argentina S.A. y el Grupo Codere.
Zeballos se encuentra detenido desde octubre del año pasado, mientras que J.E.C.I. permanece en libertad. La investigación comenzó el 9 de julio pasado luego de que Codecop fue denunciada por el Banco de Galicia en la Comisaría Vecinal 1D de la Policía de la Ciudad porque estaba “reteniendo ilegítimamente sumas de dinero en pesos y en moneda extranjera de la entidad”.
En total, los abogados querellantes presentaron documentación que demostraban el faltante de 371.169.969,50 de pesos, 1.235.760 de dólares y 42.000 euros.
Las fuentes detallaron que ese dinero fue recuperado en su totalidad tras unos allanamientos en las plantas de Posadas, Misiones, y en la de Florencio Varela. Por ese hecho, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 31 procesó sin prisión preventiva a Zeballos, por entonces presidente de la firma, por “defraudación por retención indebida”.
Sin embargo, la investigación continuó tras otra denuncia realizada en octubre por Arcos Dorados, que lo acusó del faltante de al menos 642.769.056,50 pesos, 37.117,85 euros y 124.469,91 reales.
Asimismo, de acuerdo a la acusación los imputados retuvieron la recaudación de los bingos operados por el grupo Codere, por un monto superior a los 130 millones de pesos.
A raíz de ello, el magistrado dispuso una serie de allanamientos en nueve domicilios tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en diferentes localidades de la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Posadas.
El personal policial estableció que el dinero no se encontraba atesorado en las plantas que opera la transportadora y que en la planta de Florencio Varela sólo fueron hallados 1.868,58 dólares, 124.119,95 reales, 2.951,12 euros y 4.954.000 de pesos, mientras que en Mar del Plata encontraron 618.961,25 de pesos.
Ante esta situación, Zeballos fue detenido y en la indagatoria se negó a declarar sobre la acusación de Iturralde. “Pese a las obligaciones asumidas contractualmente, y a haber sido fehacientemente intimado para ello, ha omitido voluntariamente, primero trasladar, y luego entregar al Banco Galicia, a Adasa y al Grupo Codere, las millonarias sumas ya detalladas, las cuales se encontraban atesoradas en sus distintas plantas, reteniendo así indebidamente dichos fondos, en claro perjuicio de las firmas nombradas”, afirmó el Ministerio Público Fiscal (MPF) respecto a Zeballos en su requerimiento.
En cuanto al gerente comercial, la fiscalía sostuvo en su acusación que “no sólo no ignoraba los pormenores del desvío del dinero en perjuicio de las empresas damnificadas, sino que además formó parte activa de las mismas, siendo el principal intermediario con ellas, y brindado respuestas evasivas a efectos de ganar tiempo ante los reclamos efectuados”. Por otra parte, el padre del hombre detenido, Carlos Zeballos (53), que también llegó a ser presidente de Codecop y tenía un pedido de captura internacional desde diciembre de 2018 en una causa por extorsión, fue detenido en agosto de 2019 en Mar del Plata.