Un megaoperativo se llevó a cabo en Etcheverry, donde fueron rescatadas 16 personas, todas de nacionalidad boliviana, que trabajaban allí en pésimas condiciones y reducidos a la servidumbre. Entre los damnificados que fueron puestos a resguardo se incluía a un total de siete menores de edad, de entre 9 y 11 años.
El procedimiento realizado por el personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado tuvo lugar en la zona de las calles 232 entre 38 y 44, donde se logró identificar además a cinco hombres y cuatro mujeres mayores que estaba siendo víctimas de explotación laboral por parte de un sujeto de 33 años, también de nacionalidad boliviana.
En la quinta se realizó una inspección y un relevamiento, pudiéndose comprobar que los trabajadores que se hallaban realizando tareas de cosecha de vegetales en el campo cumplían sus funciones en pésimas circunstancias de seguridad. A su vez, también se estableció que las viviendas que habitaban poseían condiciones deplorables en cuestiones de salubridad.
La pesquisa al respecto comenzó luego de que se presentaba una denuncia ante la Justicia que daba cuenta de una presunta situación de explotación laboral infantil llevada adelante por el propietario de un establecimiento hortícola en Etcheverry, en las afueras de nuestra ciudad. A raíz de esa acusación, se inició la investigación preliminar para corroborar algunos de los datos y así se pudo determinar la ubicación exacta del establecimiento.
Asimismo, se determinó que en el lugar se dedicaban al cultivo de vegetales y que tenía una extensión de cuatro hectáreas y media de superficie, que eran propiedad de un sujeto extranjero. El dueño de la quinta explotaba a nueve personas mayores de edad y a cuatro menores de edad, que también vivían allí en casillas de madera y nylon.
Fueron rescatados y el dueño, imputado
Al llegar al lugar, los agentes confirmaron las sospechas y en el interior del establecimiento las condiciones de higiene y salubridad eran pésimas. También se comprobó que el acusado los obligaba a trabajar en situaciones riesgosas exponiéndolos a una instalación eléctrica precaria, y no les proveía de los elementos de seguridad ni la ropa adecuada, como tampoco les brindaba agua potable.
En cuanto a los menores, se acreditó que eran forzados a desempeñar tareas de cultivos, eran sometidos a maltratos físicos y psicológicos, y se los privaría de una escolarización adecuada. Junto a sus familiares, dormían en las precarias viviendas con pisos de tierra que estaban infectadas con cuevas de ratas y otros roedores.
El propietario de la quinta de cultivos fue imputado en una causa por “explotación laboral y reducción a la servidumbre” y, tras realizar una serie de averiguaciones, se supo que otros trabajadores se habían retirado del lugar días pasados luego de una primera inspección que dio origen al procedimiento.