Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de sesión especial en la Cámara baja para poder abordar en el recinto la derogación de la ley de Alquileres, en momentos en que el Frente de Todos presentó un nuevo proyecto para abordar la problemática.
El principal bloque opositor del Congreso le envió un pedido formal de sesión al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para el martes 5 de abril próximo a las 12.
“El Interbloque @juntoscambioar solicitó una sesión especial para el 5/4 para tratar la derogación de la Ley de Alquileres y la ayuda a productores de Corrientes y Misiones afectados por los incendios. El Congreso no puede seguir paralizado, esperamos apoyo de toda la oposición”, subrayó el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri.
El pedido fue firmado por Negri, Cristian Ritondo, Rodrigo De Loredo, Juan Manuel López, Margarita Stolbizer, Ricardo López Murphy, Carlos Zapata, Omar de Marchi, Julio Cobos, Sofía Brambilla, Ingrid Jetter, Manuel Aguirre, Jorge Vara, Martín Arjol, Alfredo Schiavoni y Silvia Lospennato.
La oposición quiere instalar el tema de los alquileres en la agenda parlamentaria, y en este aspecto el oficialismo también tiene sus propuestas. Este viernes el diputado sanjuanino José Luis Gioja presentó una iniciativa para modificar la actual norma, vigente desde junio de 2020.
La propuesta de Gioja busca mejorar las condiciones de contratación de los inquilinos y otorgar beneficios tributarios para los propietarios que alquilan sus inmuebles, entre ellos, la desgravación del Impuesto a los Bienes Personales por 15 períodos fiscales.
“Esta Ley que proponemos modificar fue cuestionada hasta por sus mismos autores un minuto después de su aprobación. Pretendemos fortalecer y transparentar el mercado inmobiliario y sentar las bases para que, desde el Estado Nacional y los estados provinciales se delineen políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda de alquiler”, aseguró el diputado oficialista.
Su propuesta incluye un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad para la gestión pública de alquileres sociales, que debe ser diseñado por el Consejo Nacional de la Vivienda.
Esa iniciativa busca tener precios más bajos que los del mercado.