El fiscal federal Ramiro González solicitó se avance en medidas de prueba en la causa que investiga a la intendenta Mayra Mendoza y a otros funcionarios municipales a partir de una denuncia de un abogado particular por presuntos manejos irregulares con planes de cooperativas. Cursan dos denuncias, una en Comodoro Py y otra en el Juzgado Federal de Quilmes.
El fiscal ha solicitado tras el traslado de vista “iniciar la instrucción” en el marco de la denuncia y se deberá ahora determinar que juzgado tiene competencia, ya que por el mismo hecho cursa otra denuncia en el Juzgado Federal de Quilmes. El doctor González solicitó que se inste la acción penal en contra de la Jefa Comunal como Sebastián Raspa, Martín Bordalejo, José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler.
Asimismo no desestimó “que con el devenir de la investigación se logre identificar a otros sujetos que participen en el hecho denunciado”.
Tal indica el artículo 180 del Código Procesal Penal Federal: “el juez que reciba una denuncia la transmitirá inmediatamente al agente fiscal”, lo acontecido en la presente investigación y “…dentro del término de veinticuatro (24) horas, salvo que por la urgencia del caso aquél fije uno menor, el agente fiscal formulará requerimiento conforme al artículo 188 o pedirá que la denuncia sea desestimada o remitida a otra jurisdicción”.
Las denuncias
Por el presunto manejo irregular de planes de cooperativas cursan en la Justicia Federal denuncias ante el Juzgado Federal N° 1 de Quilmes y en el Juzgado N° 12 de Comodoro Py; ahora se deberá definir cual de ambos juzgados tiene competencia sobre las acciones judiciales. Según la denuncia, las entidades -cooperativas- “habrían recibido fondos del municipio por aproximadamente 535 millones de pesos, entre diciembre de 2020 y febrero de 2022, y la acusación señala que están relacionadas con exfuncionarios del Municipio de Quilmes.
El fiscal impulsó la acción penal y le pidió una serie de medidas de prueba al juez federal Ariel Lijo, subrogante del juzgado 12 que tramita la causa. Se espera que en las próximas semanas se inicien los pedidos de informe solicitados por la Justicia a los órganos de contralor nacional como dependencias estatales para con el cruce de información determinar las responsabilidades.