El Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) oficializaron las subas de las tarifas de luz y gas que comenzaron a regir desde ayer. Lo hicieron por medio de las Resoluciones 171/2022 y 172/2022 del ENRE y las Resoluciones 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 y 216/2022 del Enargas publicadas en el Boletín Oficial con las firmas de María Soledad Manin, titular del ENRE y de Federico Bernal quien encabeza el Enargas.
En el caso de la luz el ENRE autorizó a las distribuidoras de Edenor y Edesur a que apliquen una suba del 40% en el precio estacional de la energía eléctrica (PEST), es decir sobre el precio que las distribuidoras le pagan a Cammesa. El PEST es el principal costo que paga cada usuario y representa cerca del 50% de lo que finalmente paga en su boleta de luz por lo que el impacto final para el usuario se ubica en torno al 16% y del 8% para quienes perciban la tarifa social.
“El cuadro tarifario para hogares tendrá un incremento promedio del 16,53% para aquellos que no perciban tarifa social y de un 7,7% para los que perciban dicho beneficio. Asimismo, para los usuarios comerciales el incremento promedio será del 16% y para las categorías T2 y T3 del 19%”, explicó días atrás el ENRE en un comunicado.
En tanto en el caso del gas la suba que rige desde este miércoles será del 20% y alcanza a todas las licenciatarias de distribución de gas del país: Metrogas, Naturgy Ban, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Gasnor, Gasnea, Litoral Gas, Distribuidora de Gas del Centro, Gas Cuyana y Redengas..
En rigor la suba, sobre el precio de ingreso al sistema (PIST) es del 41,7%. El PIST representa entre un 45% y un 50% de lo que finalmente el usuario paga en su boleta por lo que el impacto para su bolsillo será del orden del 20%.
En tanto la Secretaría de Energía adelantó que “esta semana” se conocerá la resolución que establecerá la segmentación para los usuarios de ambos servicios de mayor poder adquisitivo y a partir de la cual dejarán de percibir subsidios de parte del Estado.
El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, recordó este martes que “el Gobierno y el Presidente (Alberto Fernández) han decidido poner un tope” a los incrementos y en consecuencia “ninguna tarifa puede evolucionar más que el salario”. Y aclaró que la actualización tarifaria refleja la modificación estacional del precio de la energía y es independiente de los ingresos de las empresas de transporte y distribución.
La decisión de avanzar en la segmentación tarifaria y eliminar los subsidios para los sectores de mayor poder adquisitivo quedó estipulado en el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Allí se definió además que los aumentos anuales no podrán superar al equivalente al 40% de la variación salarial de 2021 para los beneficiarios de la tarifa social y el 80% para el resto.
A principios de mayo, el Ministerio de Economía precisó que para estar alcanzado por la quita de subsidios y, en consecuencia, pagar la tarifa completa, el usuario titular deberá cumplir con alguno de los siguientes requisitos: tener ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales, tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de cinco años de antigüedad y aviones o embarcaciones de lujo, vivir en barrios cerrados o en un área ubicada dentro de los “polígonos” de alta capacidad de pago.
El último informe de la Secretaría de Hacienda indicó que los subsidios al sector energético ascendieron en abril a 116.673 millones de pesos, 132% más que en el mismo mes del año pasado y superiores al déficit primario del mes, que fue de 79.185 millones de pesos.