La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expresó su “preocupación por el aumento de las prisiones domiciliarias y libertades condicionales” concedidas a represores condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.
Así lo expresó la Secretaria encabezada por Horacio César Pietragalla Corti, luego de que la Justicia en pocos días dejara a las puertas de la libertad a Santiago Riveros y Jorge Tigre Acosta, dos de los genocidas más emblemáticos de la última dictadura, quienes actuaron en los centros clandestinos de detención que funcionaron en Campo de Mayo y en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), respectivamente.
En los últimos tiempos también fueron beneficiados con domiciliarias otros dos represores: Mario Guillermo Ocampo y Luis Firpo, condenados a prisión perpetua en el juicio de la Contraofensiva.
“La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ve con preocupación el aumento de las prisiones domiciliarias y libertades condicionales dispuestas por la Justicia Federal en casos de personas procesadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”, indica el comunicado.
En ese sentido, el organismo especificó que “los equipos de la Secretaría realizan un seguimiento permanente de cada uno de esos casos en todo el país, participan de manera activa en las causas en las que es querellante, efectúan un estricto control jurídico y exigen rigurosidad al Poder Judicial a la hora de otorgar esos beneficios y de hacerlos cumplir.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos recordaron que, en los últimos años, según datos del Ministerio Público Fiscal, se profundizó el otorgamiento de estos beneficios y apenas un tercio de las más de 2200 personas investigadas o condenadas por crímenes de lesa humanidad se encuentra detenida.
Y detalla que una “gran mayoría” de los represores detenidos cumplen sus penas bajo el régimen de prisión domiciliaria (565) y que tan sólo 185 cumplen la pena o la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario.