Los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) acordaron este viernes levantar temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas anticovid, tras casi 20 meses de debate, aunque las ONGs criticaron su alcance limitado por no incluir a los tests y tratamientos, no beneficiar a todo el mundo y establecer un período de cinco años de duración.
Los 164 países alcanzaron ese pacto “sin precedentes”, indicó la directora del organismo, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, al anunciar la adopción formal de los pactos que se debatieron durante la XII Conferencia Ministerial que terminó durante la madrugada del viernes en Ginebra (Suiza), casi 36 horas más tarde de lo previsto inicialmente en la agenda.
La resolución consensuada permite a los países en vías de desarrollo fabricar durante cinco años las vacunas contra el coronavirus que ya se administran de forma masiva sin pagar por las patentes.
Esto incluye la tecnología del ARN mensajero, presente en los inmunizantes de los laboratorios Pfizer y Moderna, una novedad científica que propulsó los tratamientos contra la pandemia. Los países que lo deseen podrán utilizar ese método sin tener que contar con la autorización del laboratorio que lo descubrió.
Sin embargo, una de las críticas es que el texto no obliga a las empresas que tengan las patentes a compartir su tecnología ni los datos de sus ensayos clínicos, que seguirán siendo secretos comerciales.
Además, varias ONGs rechazan el plazo de cinco años para la excepción, la limitación que impone para exportar vacunas a otros países mediante licencias obligatorias y que el acuerdo no haya alcanzado los tests y otros tratamientos que se usan para detectar y combatir la Covid-19.
“Nos decepciona que la suspensión de patentes propuesta en octubre de 2020, que hubiera cubierto todas las herramientas médicas para todos los países, no haya podido lograrse, ni siquiera durante una pandemia que causó más de 15 millones de muertos”, apuntó en un comunicado el presidente de Médicos Sin Fronteras, Christos Christou.
El directivo de la ONG hizo referencia así al proyecto original presentado el 2 de octubre de 2020 por India y Sudáfrica en la OMC, mucho más abarcativo en las exenciones.
Esa iniciativa, respaldada por más de 100 países, entre ellos la Argentina que lo acompañó como copatrocinador, exigía levantar por “al menos tres años” los derechos de propiedad intelectual sobre los inmunizantes, tratamientos y diagnósticos contra la Covid-19.
Infectólogos argentinos consideraron que el acuerdo de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para el levantamiento temporal de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas contra el coronavirus es “un hecho positivo”, pero que hubiese sido mejor “hacerlo antes”.
La resolución permite a los países en vías de desarrollo fabricar durante cinco años las vacunas contra la Covid-19 sin pagar por las patentes, e incluye la tecnología del ARN mensajero, presente en los inmunizantes de los laboratorios Pfizer y Moderna.
Sin embargo, una de las críticas hacia al acuerdo es que no obliga a las empresas que tengan las patentes a compartir su tecnología ni la información de sus ensayos clínicos, que seguirán siendo secretos.
Además, el acuerdo no incluye los tests ni tratamientos que se usan para detectar y combatir el coronavirus.
Jorge Geffner, investigador del Conicet y profesor de Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA, afirmó a Télam que la iniciativa es “un hecho positivo”, pero que la liberación de patentes, si no va acompañada de un acceso pleno a los detalles tecnológicos y metodológicos, es una liberación “con una pata muy floja”.
“Si no hay transferencia de tecnología es muy difícil que se haga efectiva esa liberación porque cualquier laboratorio o universidad que quiera realizar en concreto la producción va a tener que invertir mucho tiempo y recursos en el desarrollo de esa tecnología, que las grandes compañías se niegan a transferir”, agregó el especialista.
Geffner también consideró que “lo correcto hubiera sido hacerlo antes, cualquier pronunciamiento en ese sentido es bueno, pero la verdad es que parece más bien retórico, no sé qué consecuencias va a tener”.
El infectólogo explicó que los gobiernos deberían acompañar la iniciativa de la liberación de las patentes en conjunto con la liberación de la tecnología.
“Las estrategias de vacunación, quién accede o no, tienen que estar determinadas por las necesidades de las personas y no por los intereses económicos de las compañías en el escenario de una pandemia”, sostuvo.
Por su parte, Luis Cámera, médico clínico y asesor del Gobierno nacional, coincidió con Geffner en que la medida es un tanto “tardía”.
“Estos acuerdos podrían haberse hecho mucho tiempo antes, no cuando -lamentablemente- ya han muerto entre 15 y 20 millones de personas por la pandemia”, aseveró.
Cámera cree, a pesar de ello, que es “importante” y “va a ayudar a mucha gente” el hecho de que se pueda generar un abaratamiento significativo a través de la liberación de las patentes, y agregó que la transferencia tecnológica empoderaría a países para “poder producir sus propios productos sin tener dependencia intelectual de países más poderosos”.
Martín Hojman, médico infectólogo de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), celebró “toda medida que se dirija al acceso universal y gratuito de la salud”.
“En este caso, durante una pandemia hubo varios intentos para conseguir el levantamiento de patentes de las vacunas, pero también de métodos diagnósticos y tratamientos, pero no se consiguió. Sin embargo se consigue esto, que es un paso adelante cinco años al permitir que se fabriquen las vacunas sin pagar las patentes, aunque no obliga a las empresas a compartir sus datos”, destacó.
Los países de la Unión Europea (UE), Suiza y Reino Unido, sedes de grandes farmacéuticas, fueron sus principales opositores, y presentaron su propio texto que pedía crear un acuerdo multilateral que incluya “precios asequibles” de las vacunas a los países que más lo necesiten y facilitar “el uso de licencias obligatorias”, lo que permitiría que más laboratorios desarrollen fármacos genéricos a cambio del pago de un canon a aquellos que poseen las patentes.
Esta situación frenó cualquier tipo de avances en la discusión, hasta que en marzo pasado la UE, Estados Unidos, India y Sudáfrica lograron elevar una iniciativa común que limitó el levantamiento de patentes solamente a vacunas, estableció un período de tres a cinco años de duración y estableció que solamente beneficiará a naciones que hayan fabricado menos del 10% de las exportaciones mundiales de inoculantes en 2021.
Con este último texto como base, se alcanzó en la OMC el acuerdo que llega en momentos en que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 60% de la población mundial recibió dos dosis de vacuna anticovid, pero con un panorama muy desigual: en Nigeria solamente fueron inmunizados el 8% de sus habitantes, menos del 5% en Camerún y el 17% en Libia, por ejemplo.
El acuerdo final “no logra ofrecer una solución eficaz” a los problemas de acceso que se pudieron ver en la actual pandemia, “y sienta un negativo precedente para futuras crisis sanitarias”, criticó el presidente de MSF.
Por el contrario, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, aseguró que el pacto logrado en la OMC “facilitará la recuperación sanitaria global” tras la pandemia.
El resultado de las negociaciones “muestra que podemos trabajar juntos para conseguir que la OMC sea más relevante para las necesidades de la gente”, después que la organización lograra “reaccionar rápidamente” en la crisis sanitaria actual, subrayó Tai.
El texto final tampoco conformó a la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (Ifpma), principal lobby del sector, al asegurar que “envía un mensaje equivocado a los investigadores e innovadores” al sugerir que la propiedad intelectual es una barrera a la respuesta a la pandemia.
“El problema desde el principio fue la distribución. Numerosos países productores bloquearon las exportaciones en nombre de la soberanía sanitaria”, resaltó el presidente de la organización, Thomas Cueni.