Mediante la firma de un convenio entre diferentes instituciones del sistema de Justicia nacional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se dio un pasó más para hacer efectiva la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (Ley 27.372).
El acuerdo institucional permitirá cumplir con lo establecido en artículo 11 de la Ley 27.372, que instruye que “la víctima tiene derecho a recibir gratuitamente el patrocinio jurídico que solicite para ejercer sus derechos”. También para querellar, si “sus circunstancias personales se encontraren imposibilitada de solventarlo”.
El trabajo entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público de la Defensa se verá potenciado y así se logrará una mejor respuesta del Estado para las víctimas de delitos.
La defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, expresó que “es una Ley que todavía genera resistencia, como todo nuevo texto legal”. “Por eso una Ley de víctimas que obligue, que reconozca que la víctima tiene que tener un lugar central en el proceso penal, que no nos podemos apoderar de ella, que tienen derecho a expresarse, a que la escuchen, es fundamental”, aseguró.