El Tribunal Oral número 29, sobre la base de un nuevo estudio psiquiátrico forense, decidió reanudar la causa que involucra a Álvarez, disponer nuevamente su prisión domiciliaria bajo tratamiento médico y fijar fecha de iniciación del debate para febrero de 2023.
“Álvarez Congiu –tal el apellido completo del cantante- se encuentra “adaptado favorablemente al régimen convivencial. Luego de seis meses de tratamiento se puede decir que no representa peligro para sí ni para terceros, por lo que se indica alta médica”, sostiene el último informe.
Álvarez está acusado por el crimen de Cristian Díaz, a quien asesinó de cuatro disparos en el marco de una supuesta disputa por drogas en julio de 2018. El tribunal suspendió el proceso porque no estaba en condiciones de afrontar un juicio, dispuso su tutela por un juez civil y un tratamiento integral, lo que en los hechos significaba su libertad bajo supervisión judicial.
Semanas atrás, reapareció públicamente en un improvisado recital callejero, lo que llevó a la revisión de su situación personal, que derivó en la reanudación del proceso en el que podría ser condenado a penas de hasta 25 años de cárcel.
Actualmente, el músico “valora las pequeñas cosas como la importancia de dormir en su cama, se autoexige, y quiere valerse por sí mismo sin tener que pedir favores”, dice el informe. Sin embargo, padece las secuelas de “un trastorno por abuso de sustancias de larga data, actualmente sin consumo”.
El tribunal, con las firmas de los jueces Gustavo Goerner, Hugo Navarro y Juan María Ramos Padilla (quien manifestó su discrepancia sobre la fecha de inicio del debate oral) dispuso la nueva prisión domiciliaria monitoreada con tobillera electrónica que ya le fue colocada.
“Más allá de que el estado de salud del imputado ha presentado notorias mejorías luego de su internación -lo que permite la reanudación del trámite-, como también la recomendación de los médicos acerca de la realización de un tratamiento ambulatorio bajo la modalidad de Hospital de día, a fin de neutralizar los riesgos procesales y garantizar a su vez la continuidad del tratamiento indicado y la consecuente realización del juicio oral, el arresto domiciliario con la implementación de un dispositivo de vigilancia electrónico se exhibe como una medida adecuada para el presente caso”, sostiene el fallo.
La fiscalía, a cargo de Sandro Abraldes, y la querella solicitaron que el juicio oral se realice luego de transcurridos seis meses de tratamiento. En consecuencia, el juicio se realizará los días 22 y 27 de febrero y 1, 6, 8 y 13 de marzo de 2023.
El juez Ramos Padilla, en su voto, consideró que el debate debía realizarse a la mayor brevedad posible y propuso como fecha el mes de agosto próximo. “Resulta evidente que no parece fácil para los profesionales de la medicina acordar cuál es el grado de comprensión intelectual que debe tener una persona para encontrarse sometida a un proceso. En esto, ha habido discrepancias entre los distintos peritos que se han expresado a lo largo del trámite de esta causa”, sintetizó.
Además, advirtió que Álvarez estuvo detenido durante dos años, nueve meses y 17 días, por lo que en menos de tres meses cumplirá tres años en prisión preventiva y deberá quedar en libertad, según establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos a los que se adhirió la Argentina. “No veo razón jurídica ni otros impedimentos que no permitan la inmediata realización del debate durante el mes de agosto”, resumió.