La Cámara de Diputados se convirtió ayer nuevamente en caja de resonancia de los justos reclamos de tomadores de créditos UVA cuyas deudas fueron creciendo aceleradamente a la par de la escalada inflacionaria y ahora enfrentan el drama de no poder afrontar con las obligaciones, con el riesgo de que les ejecuten sus propiedades.
Un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda le dio voz a los deudores damnificados que pidieron a los legisladores una solución urgente a un problema que el 1 de julio se agravará, ya que caduca la vigencia de un decreto que suspende las ejecuciones de los bienes por parte de los bancos por morosidad.
Fue la segunda reunión informativa, en el marco de un debate que continuará la semana que viene con las últimas exposiciones.
La ronda de expositores fue inaugurada por Sebastián Saúl Ignacio, representante de hipotecados UVA Necochea, quien llegó invitado por la oficialista Jimena López.
Con angustia, relató que en marzo del 2017, en pleno gobierno macrista, contrajo un crédito por 1.500.000 pesos a 15 años a través Banco Provincia, con el que compró su casa.
Comenzó “pagando una cuota de 11 mil pesos” que “hoy, en la cuota 73, deberíamos pagar 85 mil pesos, algo imposible de hacer”.
“Al día de hoy debemos más de 9.500.000 millones de pesos, los cuales se conforman de más créditos otorgados por el banco en pandemia sin haberlos solicitado”, lamentó.
“Nosotros no tomamos un crédito para realizar un negocio inmobiliario”, subrayó, y aclaró que no quiere “dejar de pagar”. “Queremos que nos ayuden y que encuentren una herramienta que nos permita poder cumplir de una manera sustentable en el tiempo nuestra obligación”, imploró.
Por su parte, el representante de hipotecados UVA de Mendoza Ernesto Páez, invitado a instancias de Julio Cobos (UCR) sostuvo que “hoy estamos otra vez con la gente con la espada de Damocles en la cabeza”.
“La vivienda es un derecho humano, basta de la usura que instrumentan todos los bancos”, rezongó, y advirtió que “seguimos atados a la ley del sistema financiero, porque nunca se tocó el sistema financiero”.
El expositor pidió que “haya una solución de suspensión de remate, los intereses y la inflación siguen adelante”. En ese sentido, reclamó que “haya una solución definitiva y de fondo” porque “siempre compensaron a los bancos y no a los deudores”, y en esta situación actual “los tomadores UVA nunca podrán honrar sus deudas”.
Invitada por el socialista Enrique Estévez, Daniela Funez, representante de tomadores prendarios y personales UVA, comentó que los damnificados por los créditos UVA son “casi 450 mil”, y los definió como “los grandes olvidados y discriminados cuando se habla de créditos UVA”.
Apuntó que “a muchos deudores ya le remataron el vehículo” pero “como no cubrieron sus deudas siguen debiendo a los bancos”.
“Los bancos fueron los grandes ganadores con este sistema y más aún en plena pandemia”, denunció y recomendó “recalcular la deuda desde el principio, bajar la tasa de interés y ser incluidos en cualquier dictamen”. La última expositora fue la abogada Gabriela Spatari (invitada por el jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez), quien aseguró que “esto es responsabilidad del Estado Nacional” ya que la gestión de Cambiemos “puso en práctica esta falsa política de acceso a la vivienda aprovechándose de la necesidad que había en nuestro país de ella”.
“Eso es usura y la usura en nuestro país es un delito”, esgrimió, e insistió en que el gobierno anterior “a través del Banco Central generó el andamiaje para que miles de familias ingresáramos en esta trampa”.
Spatari también cargó contra la gestión actual, a la que acusó de adoptar “medidas unilaterales de la pandemia” como “congelamientos, diferimientos, convergencias, una trama compleja que ni los bancos entendieron”.
“Los bancos mal informaron, desinformaron, maltrataron, engañaron a los deudores y hoy son los grandes ausentes”, espetó.
“Nosotros no accedimos a una vivienda, la casa es del banco, no es nuestra, de lo único que somos dueños es de una deuda gigante, impagable e ilegal”, remató.
Luego de las exposiciones, el radical Julio Cobos, autor de un proyecto para prorrogar la prohibición de las ejecuciones y el cambio de la cláusula de indexación de las cuotas, destacó que “hay mucha coincidencia entre los diputados, hasta el propio Poder Ejecutivo, de encontrar una solución”. No obstante, se quejó de que pese a haber alcanzado un acuerdo para emitir dictamen en un plazo de 30 días, “ya llevamos casi 60 días y todavía no podemos ni siquiera discutir un dictamen”.
En ese sentido, pidió que “la semana que viene se invite a los bancos y al Poder Ejecutivo”.