La fiscal porteña Karina Cicero le pidió a la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad que revoque la medida cautelar que suspendió la utilización del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) en la Capital porque sólo se registraron cinco falsos positivos. “No se advierte que la mera puesta en funcionamiento del sistema de seguridad que aquí se cuestiona ocasione un automático menoscabo en los derechos individuales de todos los miembros de la sociedad”, sostuvo la fiscal al pedir que se deje sin efecto el fallo del juez Roberto Gallardo.
El magistrado porteño suspendió el reconocimiento de prófugos a partir de sus datos biométricos a raíz de que se detectaron casos de “falsos positivos” que causaron las detenciones de personas que no tenían causas pendientes ni pedidos de captura.
Pero además, el juez valoró que el SRFP sólo estaba autorizado para buscar a unas 40 mil personas y obtuvo, no obstante, datos sobre unos diez millones.
Para la fiscal Cicero, esa circunstancia no configura “una amenaza a los derechos a la vida, la libertad, el honor, la intimidad y a las garantías y derechos constitucionales que resguardan la Carta Magna nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires”.
La fiscal coincidió con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en que “no existen motivos para predicar la verosimilitud en el derecho de la parte actora”, el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA).
En ese sentido, la fiscal advirtió que el fallo de Gallardo “solamente hace alusión a cinco casos en los que distintas personas fueron interceptadas y demoradas debido a alertas equívocas enviadas por el SRFP durante el año 2019, cuando el sistema se encontraba en su primera etapa de implementación”.
“Estas situaciones puntuales, a mi entender, de modo alguno permitirían predicar la concreción y/o la amenaza de un daño cierto a todo el universo de personas que transita por la Ciudad, y menos aún, una deficiencia del sistema del 50%, tal como fuera denunciado en la demanda”, añadió. Cicero cuestionó el fallo porque “ha decidido suspender el funcionamiento de una herramienta de seguridad pública, sin tener en consideración que desde el mes de septiembre de 2019 no se han registrado casos de falsos positivos”.