La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, repudió las declaraciones del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, sobre la baja de la edad de punibilidad a 14 años ya que, dijo, “viola el principio de no regresividad de los derechos humanos y es inconstitucional”.
“Nosotros como Defensoría Nacional jamás vamos a aceptar la baja en la edad de punibilidad, es ir en contra de los mandatos convencionales y constitucionales y sobre todo va en contra del principio de no regresividad de los derechos humanos”, afirmó Graham en diálogo con Télam.
De esta manera se refirió a los dichos de D’Alessandro, quien durante una entrevista en América TV opinó que “habría que bajar la edad de punibilidad a 14 años”, ya que “a esa edad una persona comprende perfectamente la criminalidad del acto” y que con la legislación vigente se “favorece a las organizaciones delictivas que se valen de menores para aprovechar que son inimputables”.
“Cuando el ministro habla de las redes delictivas, me gustaría saber dónde están las estadísticas o la evidencia en la que se basa para decir lo que dice, no es la evidencia que nosotros manejamos”, señaló la defensora.
En este sentido, puntualizó que “el índice de delitos graves de los chicos y chicas en edad punible es bajísimo”, ya que “mientras un chico en edad punible comete un delito grave hay cientos de adultos cometiéndolo”.
“Decirle a la sociedad que el índice de criminalidad va a bajar por disminuir la edad de punibilidad es un ‘casa bobo’, es totalmente falso, desde el punto de vista sociológico y de la normativa vigente”, sostuvo.
En este sentido, señaló que “países de la región que han bajado la edad de punibilidad lo único que han logrado es aumentar los índices de criminalidad”.
“Lo que sí genera en la Argentina y en el mundo mayores índices de criminalidad es la desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen”, resaltó la defensora y destacó que lo primero que hay que hacer es prevenir y que “prevenir implica que haya mayores índices de igualdad”.
Desde la cuenta oficial de Twitter de la Defensora de Derechos de NNYA se resaltó lo ya expresado en dos documentos con recomendaciones para el Poder Ejecutivo y Legislativo Nacional y poderes provinciales elaborados de forma conjunta con defensores provinciales, donde se advirtió que “la privación de libertad debe ser el último recurso y por el periodo más breve posible”.
Otros puntos relevantes son que “no se reduzca la edad de responsabilidad penal juvenil”, que “no se endurezcan las penas” y la prohibición de “penas perpetuas para personas punibles menores de edad”.
“Tal como viene diciendo el Comité de Derechos del Niño, la Argentina tiene que tener una Ley de Justicia Juvenil compatible con el corpus iuris internacional, que incluye la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales que hemos ratificado para garantizar la promoción y protección de derechos de las niñeces y adolescencias”, concluyó Graham.