Desde hoy y hasta el viernes el Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 2 de Quilmes llevará el segundo debate por el caso de la Policía Micaela Romero, asesinada cuando le robaron en La Cañada en 2020. Vale recordar que ya hubo un proceso el año pasado a tres de los imputados que el 16 de agosto de 2020 mataron a tiros a la policía.
Ahora, la familia de Romero espera justicia en torno al cuarto acusado. Micaela Romero tenía de 23 años y una hija de 2 cuando fue asesinada por “motochorros”. La joven, que llevaba un año en la fuerza, se desempeñaba en la División Protección Residencia Presidencial de Olivos y Operaciones de la PFA, aunque estaba de licencia médica al momento del crimen.
Eran las 7 del domingo 16 de agosto de 2020 y se festejaba el Día del Niño, aunque en pleno Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo) por la pandemia del coronavirus. Romero, vestida de civil y sin portar su arma reglamentaria, fue junto a un amigo a comprar cigarrillos a un comercio ubicado en calle 395 y avenida Carlos Pellegrini, de La Cañada, Quilmes, cuando ambos fueron abordados por varios delincuentes que iban en moto.
De acuerdo con lo determinado luego, los asaltantes los amenazaron, le robaron las zapatillas y el celular al amigo de Romero y cuando Micaela se negó a entregar su teléfono se dieron cuenta de que era policía y le efectuaron un disparo en el pecho. “Tirale que es cobani. Tirale que es cobani”, le dijo uno de los delincuentes a otro.
Los investigadores dijeron que la oficial recibió un disparo a la altura del tórax, mientras que los delincuentes alcanzaron a sacarle el celular para luego escapar.
Tras el ataque, Romero fue trasladada en grave estado por un grupo de vecinos al Hospital El Cruce, de Florencio Varela, donde ingresó inconsciente y falleció a los pocos minutos. Al mes y medio del hecho, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió en su despacho del Senado con la mamá de la víctima y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, para acompañar el pedido de justicia de la familia.
Días después, la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, recibió a los padres de Romero y les expresó su “pesar” y el “compromiso” para contribuir al esclarecimiento del caso.
En julio de 2021, al llevarse a cabo el primer proceso judicial, los integrantes del tribunal condenaron a tres menores de edad. En los alegatos de aquel juicio, la fiscal Julia Bottaso y el particular damnificado solicitaron que los acusados fueran declarados culpables del delito de “homicidio en ocasión de robo doblemente agravado” y se les aplicara una pena de 25 años de cárcel.
Los jueces Alejandro Paccioretti, Gladys Krasuk y Analía Consolo resolvieron condenarlos pero por el delito de “homicidio agravado en concurso real con robo con arma” y le habían aplicado la pena de 25 años de encierro .