Este 20 de octubre se recordará un nuevo aniversario de un episodio de violencia institucional que marcó un antes y un después en la detención de menores de edad en comisarías de la Policía Bonaerense. La Masacre de Quilmes se denominó al hecho en que cuatro adolescentes, de entre 15 y 17 años, murieron al sufrir torturas, quemaduras y falta de asistencia, cuando protagonizaban un motín en reclamo de las pésimas condiciones en que se encontraban alojados en los calabozos.
Al cumplirse 18 años, se instalará una señalización frente a la comisaría 1° de Quilmes y una placa conmemorativa sobre la calle Alsina en la plaza de la estación ferroviaria en memoria de Diego Maldonado, Elías Giménez, Miguel Aranda y Manuel Figueroa, los cuatro chicos muertos. La actividad forma parte de a iniciativa de recordar a las víctimas de violencia institucional, que impulsan la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en este caso, también por la intendenta local Mayra Mendoza.
La bautizada Masacre de Quilmes se registró en horas de la noche del 20 de octubre de 2004, cuando los efectivos ingresaron a las dos celdas donde 17 adolescentes estaban hacinados, a quienes golpearon y sometieron a torturas. A modo de reacción, quemaron colchones, desatándose un incendio y como consecuencia del motín, en el que no recibieron asistencia, fallecieron cuatro de los chicos, producto de las quemaduras sufridas.
El caso resultó una bisagra, ya que se prohibió el alojamiento de menores de edad en comisarías de la Policía bonaerense y se dispuso que, de ser detenidos, deben ser puestos de inmediato a disposición de autoridades judiciales.
Recién en 2015, el Tribunal Oral Criminal 3 de Quilmes condenó a penas de entre 3 y 16 años de prisión por aplicación de torturas y los homicidios al excomisario Juan Pedro Soria, al subcomisario Basilio Vujovic, al oficial inspector Fernando Pedreira, al cabo Hugo D’Elia, los agentes Franco Góngora, Gustavo Altamirano y Elizabeth Grosso y los oficiales Gustavo Ávila, Héctor Gómez y Juan Carlos Guzmán.
No obstante, todos resultaron beneficiados con excarcelaciones, bajo presuntas condiciones de arresto domiciliario, que siempre fueron denunciados por los familiares de las víctimas.
Además, se logró que la oficial Elda Guaquinchay Bogado que no había sido imputada inicialmente, pese a quien fue una de las policías que golpeó a las víctimas cuando escapaban quemadas de los calabozos, sea procesada y a fines de este año será parte del juicio Masacre de Quilmes II.