A 18 años de la denominada “Masacre de Quilmes”, en la que murieron cuatro adolescentes tras incendiarse la Comisaría Primera, en la que estaban demorados y por la que 10 policías fueron condenados y otra oficial será juzgada en diciembre próximo, la madre de una de las víctimas criticó que los acusados nunca hayan ido a una cárcel, al participar de un acto de señalización en homenaje a los chicos realizado en la seccional y en la plaza de la estación.
El evento, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, comenzó a las 15 con el descubrimiento de una placa conmemorativa en la Comisaría Primera, ubicada en Alem y Sarmiento, donde fallecieron Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17).
Además, familiares y allegados a los adolescentes inauguraron un Cartel de Señalización de Violencia Institucional en la Plaza Hipólito Yrigoyen, en calle Alsina, entre Yrigoyen y Gaboto.
“Estoy disconforme con lo que pasó durante este proceso que fue difícil porque a dieciocho años nunca fueron presos (los policías) y alguno todavía está en la casa incumpliendo con la prisión domiciliaria”, dijo Isabel Figueroa, madre de Manuel.
“Me hubiese gustado que fueran todos presos y que pagaran por lo que hicieron. No sé por qué a algunos les dieron tres años y a otro dieciséis, todos son culpables. Les dieron muchas posibilidades para que sigan libres, esa noche había once policías y los once debieron tener las mismas condenas”, resaltó Isabel.
Tras ese debate y gracias a las declaraciones aportadas por testigos que fueron buscados “casa por casa” por los familiares de las víctimas, una oficial fue señalada como una de las policías que también estaba en la dependencia al momento de los hechos y que hasta entonces no había sido imputada.
La mujer, en ese momento embarazada de siete meses, habría formado parte, según testigos, de un cordón policial que apaleó a las víctimas cuando salían de las celdas quemadas y se dirigían a las duchas, y no habría hecho nada para detener las torturas.
Esta mujer irá a juicio oral del 12 al 15 de diciembre de este año por el delito de “omisión de torturas” y Asuntos Internos del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires le había iniciado un sumario administrativo.
“Esperamos que en este caso sí vaya presa, que la condenen y vaya a una cárcel común”, aseguró la madre de Figueroa.
Es que a pesar de que existieron condenas de cumplimiento efectivo, ninguno de los policías fue enviado a un penal.
Isabel Figueroa criticó que no haya controles sobre las prisiones domiciliarias dado que cuando la defensa solicitó la condicional y el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Quilmes requirió al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) un informe sobre su conducta, se comprobó que más de 100 veces se registró la interrupción de su monitoreo y que, al menos dos veces, hubo rotura de la tobillera electrónica sin marcas llamativas.
“Nadie los controló, salían a comprar, todos estos años hicieron lo que quisieron ¿y los chicos qué? a nuestros hijos no le dieron ninguna posibilidad”, concluyó.
La “Masacre de Quilmes” ocurrió en la noche del 20 de octubre de 2004 cuando policías ingresaron a las dos celdas de la Comisaría Primera, que alojaba a 17 adolescentes, a quienes golpearon y sometieron a torturas.
En reclamo, los detenidos iniciaron un incendio y motín, que derivó en la muerte de los cuatro jóvenes.
Maldonado fue el primero que falleció -el 21 de octubre- tras el incendio, mientras que el día siguiente murió Figueroa; el 25 de octubre, Giménez, y el 11 de noviembre, Aranda.