La posibilidad de que el Congreso elimine la exención al impuesto de Ganancias, como impulsa el oficialismo y que tiene media sanción en Diputados, provocó reuniones de los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público. Por estas horas, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial expresó “públicamente su preocupación y rechazo a la incorporación de un artículo al dictamen del presupuesto vinculado con la tributación de Ganancias por parte de las y los integrantes de los poderes judiciales que no se encuentran alcanzados por ese impuesto, tal como fuera decidido por el Honorable Congreso de la Nación en la ley 27.346 de diciembre de 2016”.
“Cabe recordar que en dicha ocasión y durante la discusión parlamentaria se entendió que modificar la situación de los que ya prestaban servicios resultaba una medida que afectaría gravemente la intangibilidad de las remuneraciones
constitucionalmente garantizada”.
“La modificación legislativa intempestiva e inconsulta del régimen de ganancias se traduciría en una afectación confiscatoria de los haberes de los prestadores del servicio de justicia y constituye un avance sobre la independencia judicial, como ya lo ha expresado nuestra Federación en la discusión del año 2016 y en el embate del año 2018”.
“La reiteración de intentos de reformas legislativas no hace sino introducir incertidumbre e inseguridad jurídica sobre los operadores judiciales. Y la persistencia de los órganos políticos gubernamentales en la implementación de este tipo de medidas por ende no hace más que poner en riesgo el equilibrio de poderes indispensable para el normal funcionamiento del sistema republicano y democrático de gobierno, menoscabando la intangibilidad de las remuneraciones de las/los magistrados que es una garantía de rango Constitucional destinada a asegurar a la sociedad un Poder Judicial independiente”.
“La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial rechaza que el camino para revertir la preocupante realidad de nuestro país sea debilitar los marcos institucionales, la división de poderes y la palabra de los/as representantes. En los momentos acuciantes es necesario, más que nunca reforzar la institucionalidad, que siempre es el marco que permite encauzar cualquier situación y mantener vigentes las bases del Estado Constitucional de Derecho”, finaliza el texto.