La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) envió una nota a las autoridades del Consejo de la Magistratura de la Nación para alertar “sobre la enorme cantidad de procesos disciplinarios cercanos a caducar por estar próximos a cumplirse tres años desde que se realizaron las respectivas denuncias”.
Según el análisis realizado por la organización en base a la información que provee el Consejo de la Magistratura, en los próximos nueve meses (noviembre 2022 – agosto 2023) caducarán un total de 41 expedientes, si previo a ello no se toman medidas investigativas urgentes.
“La situación es especialmente grave dado que, al analizar los trámites de los procesos disciplinarios, advertimos que la inmensa mayoría muestra un estado de inacción casi absoluta, sin medidas relevantes para investigar los hechos denunciados”, remarcó ACIJ.
Y añadió: “Así, en 34 de los 41 expedientes por caducar no se tomó ninguna medida relevante a fin de promover el tratamiento de las causas. En sólo un 12% del total, la Comisión de Disciplina y Acusación se expidió acerca de la adecuación de las denuncias a los requisitos formales mínimos. Y en apenas dos causas se ordenó la producción de alguna medida de prueba”.
En este sentido, la ONG indicó que “es evidente que las excesivas demoras en el tratamiento de los expedientes disciplinarios no se encuentran justificadas por la realización de medidas durante ese período de tiempo”.
“Del total de 3.584 casos que conformaban la base a la fecha de corte de este informe, se identificaron un total de 224 casos desestimados por el transcurso del tiempo”, precisó.
Ante este panorama, ACIJ explicó que “el instituto de la caducidad, que tiene sentido en cuanto a que no puede dilatarse indefinidamente una investigación contra un magistrado o magistrada, en estos casos sólo puede entenderse como `ausencia de justicia´: un desmerecimiento y desatención de la presentación realizada por las personas denunciantes así como también a las y los magistrados denunciados”.
“En cualquier caso, la caducidad resulta completamente inaceptable cuando es el resultado de que no se hayan realizado acciones tendientes a esclarecer la verdad”, agregó.
Para la reconocida ONG, “poner en marcha las medidas adecuadas para que los procesos disciplinarios tiendan a aclarar y resolver las problemáticas que los originaron contribuiría al crecimiento de la confianza en la independencia y transparencia de los y las juezas, en miras a un ejercicio responsable de las facultades disciplinarias sobre magistradas y magistrados atribuidas por la Constitución Nacional al Consejo de la Magistratura”.
Por ello, reclamaron a las autoridades del órgano, encabezado por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que “arbitren las medidas necesarias para que los expedientes disciplinarios actualmente abiertos sean resueltos a través de los procedimientos regulares, evitando dilaciones innecesarias así como su finalización por el simple paso del tiempo”.
Días atrás, legisladores nacionales del Frente de Todos habían enviado una carta al titular del máximo tribunal para “solicitar de manera urgente una audiencia para que arbitre los medios para la completa integración del Consejo de la Magistratura” y así “sacarlo de la parálisis”.