La Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB) seccional Lomas de Zamora realizará una nueva presentación ante el Colegio de Abogados de la Provincia de de Buenos Aires y ante la Suprema Corte por “situaciones de violencia y amenaza” que viven en el desempeño de sus tareas, muchas de ellas provenientes de letrados particulares.
El gremio había hecho una presentación similar en junio último pero informó que no hubo novedades que modificaran los hechos denunciados. Desde la AJA plantean la existencia de “reiteradas faltas de respeto y, lo que es más grave aún, amenazas efectuadas por las y los profesionales actuantes en los expedientes”.
“Nos parece importante resaltar que, si bien este tipo de situaciones afectan a la totalidad de quienes somos parte del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, en particular, se ataca a la libertad de las y los jueces. Sabemos que su obligación es la de fundar en derecho las decisiones que toman, no así que alguien ajeno al Poder Legislativo les exija cómo interpretar una norma y, menos aún, bajo amenaza”, explicó el gremio de los judiciales (que posee entre sus afiliados magistrados y funcionarios, junto a trabajadores de menor rango en el Poder Judicial).
En un comunicado de prensa, la AJB seccional Lomas de Zamora transcribió presentaciones de abogados en lo que advierten a jueces que de no hacer lugar a sus planteos exigirán un jury de enjuiciamiento para apartarlos de sus cargos.
«HACE RESERVA DE RECUSACIÓN CON CAUSA Y DENUNCIA EN EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE MAGISTRADOS”. Para el hipotético e improbable caso de no hacerse lugar en todo o en parte a lo peticionado por esta parte hago expresa reserva de denunciar al Magistrado ante la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, dependiente del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, sita en la calle 50 n° 889, Piso 5°, La Plata, conforme Res. 1233/01 SCBA y solicitar su consecuente recusación con causa; siempre que se le dé curso al trámite conforme art. 17, Inc. 6 COCCBA”.
«Para el improbable caso que no se haga lugar a la reposición, es que vengo a solicitar la certificación de todas las copias del expediente desde el 20/10/2021 hasta el día de la fecha a fin de realizar la denuncia correspondiente en el Consejo de la Magistratura y ante la Fiscalía de turno por retardo de justicia».
“Solicito se certifiquen las presentes actuaciones en su totalidad e incidentes en trámite en forma urgente automática digital, a los fines, como en forma reiterada, se pusiera en pleno conocimiento, del deber profesional que me asiste, de remitir a la Oficina de Control Judicial de la SCBA; y antes de la finalización del año en curso, con turno digital programado, entrevista legislativa, y presentación personal, de certificación y emisión virtual (GEDBA), en el plan de informatización, ante el “Jury de Enjuiciamiento”, mediante la comisión legislativa pertinente, constituida de la Legislatura de esta Provincia de Buenos Aires, dándole intervención con la documentación obrante en mi poder, certificación peticionada, y distintas investigaciones en curso, por posibles costos de impericia como de un funcionamiento fallido, en la debida reforma institucional, e implementación de la democratización de la justicia (Ley 26.861 – Ley 26.856 – Ley 26.857)”.
“Todo ello, sin perjuicio de solicitar por cuerda separada y a través de las autoridades pertinentes la intervención de la Subsecretaría de Control Disciplinario dependiente de la Suprema Corte de Justicia en los términos de (anexo II acuerdo n° 3536) inciso e) en virtud de constituir el accionar jurisdiccional una flagrante irregularidad en el servicio de justicia, obstaculizando la pronta resolución de una causa que se encuentra con un acuerdo de pago de sentencia de fecha 14/10/2021 al cual se prestó conformidad en fecha 15/02/2022”.
El gremio aseguró que “se buscan jueces y juezas que resuelvan conforme los intereses de las partes que estas y estos profesionales representan, cuando desde los primeros años de estudio de la carrera de Abogacía se explica que quien decide debe ser imparcial”. Y agregó: “Para garantizar el Estado de Derecho, ninguno de los tres poderes del Gobierno debe estar coaccionado, y este tipo de `amenazas` sin duda que alteran la libertad y objetividad que, si bien no es absoluta, los jueces y las juezas deben asegurar”.
“Sin perjuicio que nosotros también estamos en condiciones de hacer nuestras presentaciones, reclamos y denuncias; instamos, más allá de a las y los profesionales en términos individuales, a las Instituciones que las y los representan, a que hagan reflexionar a sus representados con el objeto de garantizar el mejor Poder Judicial que podemos ofrecerle a nuestra comunidad en las condiciones en las que todas y todos trabajamos”, planteó el gremio de los judiciales.
Asimismo, la AJB expresó su preocupación sobre la actitud de la Suprema Corte “ya que ha hecho caso omiso a los insistentes e incesantes reclamos que hemos realizado, los cuales vienen anticipando una situación que evidentemente ya ha superado todos los límites”.
“Pedimos una vez más que las instancias superiores correspondientes den importancia y actúen sobre estas situaciones porque la calidad institucional y la independencia del Poder Judicial, además de las personas, son afectados por estos hechos de violencia que exponemos”, finalizó la AJB seccional Lomas.