La Asociación Bancaria (AB), que lidera Sergio Palazzo, realizará hoy un paro de 24 horas en todas las sucursales del Banco Provincia para exigir la derogación de la Ley 15008 que modificó en 2017 el régimen jubilatorio de los trabajadores de esa entidad financiera, mientras que desde el Gobierno bonaerense reiteraron el llamado a la oposición para debatir el tema en la Legislatura provincial.
La norma se sancionó durante el gobierno de María Eugenia Vidal y elevó los 65 años la jubilación para hombres y mujeres que se desempeñaban en el Banco Provincia y estableció un 75% del haber que se cobraba durante los años de actividad en reemplazo del 82% móvil que regía, con el argumento de que ese régimen llevaba la caja a una situación deficitaria.
Desde la organización gremial indicaron que tras un período de intercambio con el gobierno de Axel Kicillof se logró «un consenso» para presentar un proyecto en la Legislatura bonaerense que modifique la ley contemplando las demandas de los trabajadores, pero lamentaron que la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) se hayan negado «a dar quórum para dar el debate de cara a la sociedad».
«Este miércoles ante una oposición irresponsable que creó el problema y ahora se niega a solucionarlo… ¡paramos! En defensa de nuestra fuente de trabajo, del patrimonio del banco y de nuestros derechos», informaron desde el gremio en un comunicado.
Para la AB, la modificación de la ley 15008 ocasionó «un serio daño patrimonial al banco y promovió miles de cautelares, y pone en riesgo la estabilidad del propio sistema previsional ante la maraña de nuevos juicios que se avecinan».
«Frente a esa situación irregular de precariedad institucional, de violación de la Constitución, de injusticia contributiva y discriminación de la mujer frente a otros regímenes previsionales, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ofreció un marco de discusión global de los artículos señalados como inconstitucionales y aquellos marcadamente groseros al derecho», recordaron desde el gremio.
En este sentido, agregaron que, a pesar de que el proyecto enviado desde el Ejecutivo que encabeza Kicillof, «sorteó las cuatro comisiones (Previsión, Asuntos Constitucionales, Legislación General, y Presupuesto), con dictámenes favorables incluso con aportes y participación de la oposición» y la intención colaborativa de todas las partes que estaban dispuestas «a subsanar lo que claramente está mal, es injusto e inconstitucional», el proyecto aun no logró aprobarse.
En este marco, la Suprema Corte «citó a los intervinientes y legisladores del oficialismo y de la oposición no acuerdista», en una especie de «racional ultimátum», para que, desde la política en forma democrática, «se resolviera lo que la política creó de forma conspirativa».
«Lamentablemente todo sigue igual. Los que creen en la justicia social dan el quórum y los que siguen pensando en quitar derechos, ahora ´recargados´, siguen dando la espalda al diálogo, al consenso, la democracia, la justicia y la Constitución», subrayaron.
Finalmente, señalaron desde la AB que debieron acudir a «las medidas de acción directa, porque lisa y llanamente el diálogo y el acuerdo racional no está en la agenda de la oposición».