La Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.
La decisión fue firmada por los cuatro miembros del Máximo Tribunal y dispuso, en los hechos, la suspensión de la ley 27.606 que fijó en 2.32 por ciento la participación de la Ciudad de Buenos Aires en los impuestos que administra el Estado Nacional.
La Ciudad y la Nación no lograron ponerse de acuerdo en el costo que implica la Policía Federal, cedida la Ciudad en 2016, y terminó resolviendo la Corte luego de una instancia larga de mediación y negociación en el ámbito del Máximo Tribunal.
El expresidente Mauricio Macri, a poco de iniciar su gestión de gobierno, subió la cuota porteña del 1.40 por ciento al 3.75, un incremento que, en septiembre de 2020, en la gestión del Frente de Todos, fue llevada al 2.32 por ciento.
La decisión de quitarle ese porcentaje de la masa coparticipable a la Ciudad de Buenos Aires se tomó en favor de la provincia de Buenos Aires, en medio del grave levantamiento policial que tuvo lugar por esas horas.
El Estado nacional cuestionó por “arbitrario” la legitimidad del decreto 194/2016 dictado por el entonces presidente Macri, a pocos días de asumir en su cargo, y por el cual se había elevado de 1,40 a 3,75 el porcentual que recibía la Ciudad.
Contra esa decisión el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recurrió a la Corte por ser el Máximo Tribunal el que interviene en los juicios entre la Nación y las provincias.
“El fallo de la Corte Suprema de Justicia es una gran noticia para todos los argentinos. Es una victoria de la Constitución y el federalismo por sobre los atropellos, el abuso de poder y la grieta”, celebró Larreta en las últimas horas.
En su sentencia la Corte argumenta que las provincias no se ven perjudicadas, pues la cuota correspondiente a la Ciudad se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria.
Asimismo, el Máximo Tribunal señaló que el Estado nacional no puede reducir unilateralmente con posterioridad el nivel de recursos comprometidos para la financiación del gasto necesario para brindar el servicio transferido.
Así se inició un proceso en el que la Corte convocó a las partes para que resolvieran sus diferencias y pusieran el porcentaje voluntariamente pero el intento fracasó y terminó en un fallo de los supremos a favor de Larreta.
La semana pasada la Liga de Gobernadores del Frente de Todos se reunió la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para definir pasos concretos que tomarían si la Corte fallaba a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la pulseada por la coparticipación.
Los mandatarios remarcaron que un fallo favorable a Larreta (PRO), “estaría atentando contra la base misma del sistema federal“. “Significaría una bochornosa transferencia de recursos a la ciudad más rica del país, en detrimento del resto de la Argentina”, sentenciaron desde la Liga de Gobernadores del Frente de Todos.
“Coincidimos en utilizar todos los mecanismos disponibles para impedir un posible avasallamiento de las bases mismas que dieron nacimiento a nuestra Nación ya que, sin federalismo, la patria no existe“, sostuvo después de la reunión el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.
En tanto, el gobernador riojano, Ricardo Quintela, enfatizó que “tiene que haber un sistema mucho más federal de distribución de las decisiones políticas, económicas y financieras”. “Digo esto porque nosotros sabemos todo lo que sucede en Capital Federal, pero Capital Federal no sabe lo que sucede en las distintas provincias argentinas”, enfatizó.
Además, el riojano marcó que “todos los argentinos hemos contribuido durante 200 años para que podamos tener una Capital que pertenece a todos los argentinos, que tiene subtes, calles, escuelas, hospitales y lamentablemente parece que fuera como un coto de casa de un determinado sector de la política argentina”.