El Gobierno emitió un decreto en el que determinó la “obligatoriedad” de implementar prácticas sostenibles en los edificios del sector público nacional. Se trata del decreto 31/2023 publicado en el Boletín Oficial. El mismo plantea como objetivo “la obligación de implementación de buenas prácticas sostenibles de consumo y de habitabilidad, considerando los principios de progresividad y de no regresión”.
Las mismas se piensan en relación al consumo de energía eléctrica, agua, gas natural; a la gestión de residuos; a las compras públicas; a la accesibilidad; la movilidad sostenible, y las superficies y espacios verdes.
La autoridad de aplicación de la normativa será el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cartera que brindará asesoramiento técnico y financiamiento a los distintos organismos públicos.
“La ejecución de la iniciativa será progresiva y se ofrecerá una guía para su implementación. Se espera que en un periodo de dos años los edificios cumplan con las primeras acciones básicas de sostenibilidad, como la instalación de bicicleteros, la separación de residuos en origen y la compra de electrodomésticos eficientes, entre otras medidas”, señaló el Ambiente a través de un comunicado.
Y agregó: “En tanto, en el plazo de 6 años, se llevarán a cabo prácticas más integrales como la instalación de paneles y de cubiertas vegetales y la adquisición de vehículos híbridos”.
De acuerdo al grado de compromiso que se desarrolle en cada edificio se otorgarán dos distintivos, el de “organismo público comprometido con la sostenibilidad”, para aquellos que hayan aplicado las prácticas básicas; y el de “organismo público sostenible”, para aquellos quienes hayan aplicado las prácticas más complejas.