Hace algunos días la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti junto con la presencia del diputado provincial de Mendoza José Luis Ramón y el Secretario de Comercio Matías Tombolini, realizaron de la presentación del proyecto de “Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación” (CPCUN).
El cuerpo normativo consta de 647 artículos que buscan regular todas las problemáticas que se dan en la sociedad de consumo en la que vivimos, tomó como base el proyecto presentado en 2021 en la Cámara de Diputados por el diputado Ramón, que fue el producto de un trabajo coordinado por el Dr. Rusconi con especialistas en la materia y asociaciones civiles. Ahora, con ajustes respecto de su predecesor, ingresó en la Cámara de Senadores con la firma de Anabel Fernández Sagasti bajo el número de expediente S-3357-22.
La propuesta surge bajo el entendimiento de que las leyes vigentes hoy en Argentina y los proyectos legislativos en la materia conocidos hasta ahora, tienen una mirada parcial de los problemas que enfrentamos como consumidores y consumidoras en la actualidad. Esas leyes y proyectos sólo se ocupan de los problemas que se dan en el mercado y que afectan a personas que acceden al mercado, sin prestar atención al reclamo insatisfecho de efectiva justicia social y de falta de acceso a derechos y a bienes esenciales de todas las personas en su rol de consumidoras y usuarias.
Además, el planteo busca regular en forma autónoma la materia, independiente del Código Civil y Comercial de la Nación y de la concepción liberal de que el Derecho del Consumidor es un “microsistema” del derecho privado patrimonial civil y comercial. La senadora refirió que “se está proponiendo un cambio de paradigma poniendo a los consumidores y consumidoras en el centro de la escena. Hay que revertir un sometimiento estructural en las relaciones de consumo y las situaciones que se dan y no están alcanzadas por una norma que ponga a la dignidad de la persona humana como prioritaria”.
Entre otras cosas, el Proyecto de Ley busca estimular las acciones individuales y colectivas, así como los mecanismos de participación ciudadana en la defensa de derechos. También impulsa el consumo sustentable y pone en debate la obsolescencia artificial programada, junto con la verdadera durabilidad de los productos. Se ocupa de regular diferentes formas y tipos de publicidad comercial engañosas y situaciones contractuales abusivas.
Por otro lado, propicia el acceso real e igualitario a los servicios públicos esenciales y promueve la participación de las y los consumidores en la elaboración e implementación de políticas públicas.
Fuente: Palabras del Derecho