El Tribunal Oral Federal N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer los fundamentos del fallo que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y a otra docena de imputados, en la Causa Vialidad.
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso difundieron la sentencia a través del sistema informático Lex 100, por el cual tramitan los expedientes, y entregaron copias en formato digital a las partes.
El documento, de 1616 páginas, describe minuciosamente lo que los magistrados consideran que quedó probado a lo largo de un juicio que se extendió durante tres años y puso de relieve que el delito tuvo efectos por 84.835 millones de pesos.
En diciembre pasado, cuando dieron a conocer las condenas –que incluyen la pena de seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la líder oficialista- los jueces habían publicado un adelanto de los fundamentos, ahora ampliado.
En concreto, colocaron a la dos veces presidenta de la Nación como la principal responsable y beneficiaria de un “sistema de corrupción” que consistió en adjudicar 51 contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, quien creció exponencialmente su patrimonio a la sombra de esas irregularidades.
Los jueces creen que existió “un beneficio ilegítimo a favor de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez”; también un “interés manifiesto sobre el plan criminal” por parte de la vicepresidenta, quien participó “en los beneficios económicos producto del delito”.
A partir de ahora, se abre un plazo de diez días hábiles para recurrir con la apelación al veredicto ante Casación, el máximo tribunal penal federal del país.
La instancia de revisión determina que el veredicto no se cumpla hasta que quede firme y esa instancia podría darse ante la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazos para resolver. Del lado de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se espera que cuestionen las absoluciones por el delito de asociación ilícita, lo que redundó en una disminución notoria de las penas.
Por su parte, las defensas apelarán y pedirán revocar las condenas por defraudación y confirmar las absoluciones por asociación ilícita, en sintonía con los argumentos que esgrimieron en sus alegatos finales el año pasado.
Entre los ejes saliente del extenso fallo, la Justicia consideró que el “lawfare” que plantea la vicepresidenta “es una coartada para no rendir cuentas”. “La magnitud de la empresa criminal aquí investigada supuso una planificación y sofisticación magnífica, en la que actuaron diferentes niveles administrativos encolumnados bajo una misma finalidad”, se indicó.
Además, dieron por acredita “la intervención en la maniobra de integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de la provincia de Santa Cruz, en connivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública, con el propósito de asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los expresidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”.
“Hemos visto una promiscua y absoluta confusión entre ambas esferas, marcada por acuerdos espurios entre las personas interesadas -con claras notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial y visos propios de los delitos económicos- tendientes a asegurar los beneficios pecuniarios a favor de los nombrados de acuerdo a su naturaleza y entidad”, prosiguieron los jueces.
Y remataron: “La falta de sanción judicial de esas prácticas corruptas parece ser una función deseada del sistema y su sostenimiento en el tiempo con un claro fin: garantizar la impunidad”.