La Procuración General de la Nación le pidió al Gobierno Nacional que “de manera urgente” tome medidas para que en las cárceles, los jefes narcos no puedan manejar el negocio de la droga y ordenar crímenes, secuestros y amenazas, como se descubrió en investigaciones.
El pedido fue luego de las situaciones que ocurrieron en Rosario y fue dirigido al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal, donde están presos los jefes narcos más pesados del país.
“En función de la extrema gravedad y relevancia de la problemática expuesta, reitérense al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, las recomendaciones formuladas por este Ministerio Público Fiscal el 12 de octubre de 2021, para que, de manera urgente, todos los organismos de la Administración Pública Nacional, extremen las medias”, remarca la nota de la Procuración a la que tuvo acceso Infobae.
“Evitar los diversos factores que facilitan o promueven este tipo de maniobras y mitigar los serios deterioros que estos delitos representan para la sociedad, la seguridad interna dentro de los establecimientos penitenciarios y los distintos actores del proceso penal (jueces, fiscales, funcionarios y agentes de los poderes judiciales y ministerios públicos, víctimas, testigos y personal policial), atendiendo a la finalidad de la prevención general y, eventualmente, que informe las acciones que se hayan adoptado a esos fines”, agrega.
Allanamientos en cárceles de Ezeiza
En los últimos días, se realizaron allanamientos en las cárceles de Ezeiza, Marcos Paz y Trelew, especialmente en las celdas de los jefes de las organizaciones de Rosario “Los Monos” y se encontraron dos celulares. También, en una celda de Trellew, se encontró un agujero en la pared donde los internos se pasan los teléfonos celulares.
En octubre de 2021, la PROCUNAR creó un informe donde informó 19 casos de jefes narcos que desde las prisiones seguían manejando el mundo de la droga y cometían otros delitos.
“Se viene advirtiendo, con gran preocupación, el avance de una manifestación criminal que trae aparejadas serias amenazas contra la seguridad de la población, en general, y de los operadores del sistema de administración de justicia, en particular. Este es el caso del incremento de las maniobras de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros delitos vinculados (lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos o amenazas), planificadas o llevadas a cabo desde los establecimientos penitenciarios”, decía el informe.