El Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE) le solicitó a la Justicia que prohíba salir del país a los directivos de Edesur que fueron acusados tras la denuncia penal contra el directorio del organismo. La ampliación contó con la firma del interventor, Walter Martello, y el abogado Miguel Priolo.
En el escrito se pide la restricción para “Juan Carlos Blanco, Francesco Tutoli, María Alejandra Martínez, Víctor José Díaz Bobillo, Mónica Diskin, Giovanni Zanchetta, Jaime Barba, Alejandro Martínez y Valter Moro a los fines de evitar que los mismos se sustraigan de comparecer a derecho en la presente investigación”.
Dentro de los argumentos, se menciona lo expresado en la Resolución 307/2023, en la que se dispuso la intervención provisoria de Edesur S.A. Finalmente, el ministro de Economía, Sergio Massa, había designado a Jorge Ferraresi.
Martelo dejó sentado que el Gobierno sostiene que Edesur “ha perdido su capacidad operativa en forma intencional”. Ante esto, apuntó contra los directivos por “frustrar dolosamente” el servicio eléctrico durante la última ola de calor de marzo.
También indicó que la medida se sostiene por lo que derivó en que 180 mil personas usuarias se hayan quedado sin servicio el 10 de febrero de 2023 y ello generara en los días posteriores baja y media tensión e interrupciones reiteradas y prolongadas del suministro eléctrico en la zona que opera.
Por otro lado, remarca que el ENRE detectó desvíos y demoras entre la base de reclamos de cortes y la información que brindó la distribuidora al organismo regulador.
”La Distribuidora incumple en forma recurrente y sistemática con los parámetros de calidad media y, ante eventos de magnitud, los procedimientos operativos de atención de reclamos y reposición de suministros fracasan reiteradamente, denotando déficits de recursos, de planificación operativa y de inversiones”, expresó.
Además de otras faltas que se enumeraron, mencionaron que las instalaciones que son del área de concesión de Edesur “no están siendo reparadas al ritmo de las necesidades del servicio público”. Además, explica que, si la alta demanda se transfiere a otras instalaciones, se sobrecargan y salen de servicio.
La presentación se realizó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, en la causa que es tramitada en Comodoro Py.