“El gobernador tiene que explicar por qué no se cumple con la ley que obliga a la colocación de cámaras de seguridad en los micros y cómo se están realizando los controles. Claramente ha habido negligencia por parte del Estado”, aseguró el diputado Martín Domínguez Yelpo, quien además propone un mapa del delito que sirve para diagramar estrategias de prevención del delito y desplegar una eficaz distribución de las fuerzas de seguridad.
“Con el presidente del bloque, Walter Carusso, venimos advirtiendo sobre el incumplimiento de la Ley que solamente fue implementada por el gobierno provincial en poco más del 10 por ciento de las unidades con el agravante de que ni siquiera están conectadas a un centro de monitoreo que sirva para brindar mayor seguridad a los trabajadores y a los pasajeros”, aseguró Martín Domínguez Yelpo, diputado del bloque Espacio Abierto Juntos y autor de la Ley 14.897 aprobada en diciembre de 2016 y que obliga a la colocación de cámaras de seguridad en los colectivos.
“Los bonaerenses merecemos una Provincia distinta y para que eso suceda necesitamos legislar y aplicar las leyes. Si las leyes y anuncios no se traducen en hechos concretos que modifiquen la vida de los vecinos, no dejan de ser solo palabras. Con el proyecto que estamos presentando del mapa del delito del transporte, también estamos aportando una política para encontrar soluciones a esta problemática que tanto daño nos viene causando”, indicó Yelpo.
“El mapa del delito del transporte se conformará en base a la estadística recogida a través de las denuncias efectuadas tanto en Comisarías de la Provincia de Buenos Aires como en las alertas del sistema 911, además de las radicadas por los trabajadores ante la Asociación Sindical con personería gremial en cuanto a transporte colectivo de pasajeros se refiere, durante el plazo de 1 año, a contarse desde la fecha de reglamentación de la ley”, especificó el legislador oriundo de Necochea.
“En el área AMBA están habilitadas 212 líneas. En total hay unas 9.000 unidades: 5.000 corresponden a permisos otorgados por los municipios y 4.000 concedidos por el Gobierno provincial. La producción de estadísticas fiables de criminalidad es central para la formulación de políticas de seguridad pública más eficaces. Gracias a estos datos, es posible dimensionar el problema de la inseguridad, establecer patrones, realizar diagnósticos certeros y evaluar la efectividad de las respuestas. La premisa es medir para mejorar”, consideró el presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara.
“Después del hecho trágico sucedido en Virrey del Pino, el Gobernador salió a decir que se habían otorgado subsidios para la colocación de cámaras por 2.500 millones de pesos. Claramente esa inversión no se está viendo en la calle. El Estado tiene la obligación de controlar y hacer cumplir las leyes. La solución no es lavar culpas diciendo que se hizo la inversión y desentenderse del rol de contralor que debe cumplir el Estado”, culminó Yelpo.